Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8
El general Lázaro Cárdenas del Río empoderó a los obreros, promovió el reparto agrario de latifundios y se propuso acabar el analfabetismo, pero la altanera Iglesia católica gestó la reacción al cardenismo con la creación del Partido de Acción Nacional, para revertir las acciones consideradas lesivas a sus intereses. Desde entonces empezó la labor de zapa clerical, visto el apoyo popular a su aborrecido Cárdenas, y los grupos más retardatarios se enfocaron en hacer leyes a modo, aprovechando los montones de abogados de la Universidad y escuelas privadas, que usaron el Derecho para acomodar la vida nacional y el futuro a una conveniencia particular, no social.
Aún mediatizado, el avance cardenista significó cierto impulso a México, hasta que la Usurpación de Carlos Salinas de Gortari dio una franca voltereta y el Derecho y el Estado al que supuestamente servía, se orientaron al exterior donde se habían preparado los nuevos sátrapas con becas del Banco de México.
Entonces los doctores en Finanzas y Economía se pusieron a hacer leyes sin Derecho (el arte de lo bueno y lo justo), encargando a sus abogados contratados el maquillaje técnico indispensable para cumplir el formulismo constitucional y empezar el cacareo propagandístico del supuesto “Estado de Derecho” para intentar convencer de que las nuevas leyes eran para el bien nacional y no para las mafias coordinadas en la depredación del país.
Absortos en su saqueo compartido con socios foráneos, no percibieron que en el país se incubó un malestar general -acallado con el alud de propaganda y bombardeo mediático- que fue creciendo con las nuevas generaciones, hasta que se manifestó rotundamente en julio de 2018. El Pueblo de México decidió un cambio total, ya no cosmético, atendiendo las propuestas del nuevo líder, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
Casi al día siguiente de ser electo, el nuevo Presidente emprendió su acción regeneradora, pero se topó con el “estado de derecho” que heredó y empezaron a surgir los obstáculos al avance popular. Una realidad avasalladora y maligna en su maquinación y alcance.
Las instituciones nacionales de origen popular se habían “privatizado”, con el lucro particular por toda Misión y Visión. El país fue fraccionado para su remate como chatarra a precios de oferta. Obviamente los vendedores se aseguraron cuantiosas comisiones y participaciones a futuro. Aceptaron contratos leoninos con cláusulas punitivas y ruinosas, que encadenaban el futuro nacional, como fue evidente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en Petróleos Mexicanos, que empezó a ser desmantelado para cederlo a trasnacionales extranjeras en su rejuego especulativo en la Bolsa de Nueva York. La única extracción de Pemex fue la cotización bursátil del día.
Como todo se hizo dentro del supuesto Estado de Derecho armado para saquear los bienes de la Nación, HOY ES UN IMPERATIVO INDISPENSABLE demoler todo ese entramado, inamovible si no cuenta con dos tercios aprobatorios de un Congreso pulverizado en partidos de escasa preferencia electoral, pero con gran capacidad en tejer alianzas y contubernios. Mientras permanezca intocado el aparato que le dio origen, protección e impunidad a ese “derecho”, cualquier iniciativa regeneradora tendrá pocas vías de éxito y muchas posibilidades de ser mediatizada o, de plano, nulificada, como ya se ha visto en el actuar de los poderes Legislativo y Judicial y algunas instancias del mismo Ejecutivo.
Antes de tocar cualquier ordenamiento legal y su respectivo referente constitucional donde fue insertado, debería convocarse a una CONSULTA PÚBLICA INDEPENDIENTE, sin intervención del corrupto, parcial e hipócrita INE y su instancia INAPELABLE, el Tribunal Electoral, para tener UNA NUEVA CONSTITUCIÓN de esencia social, sin orientación economicista, que deshaga los parches neoliberales que fomentaron la Corrupción y el saqueo del país. Reformarla SERÍA INSUFICIENTE, pues serían PARCHES SOBRE PARCHES.
La tecnocracia neoliberal impuesta por el PRI, el PAN y las cúpulas delincuenciales, empresariales, políticas y mediáticas, NUNCA CONSULTARON a la gente si aceptaba la IMPOSICIÓN ECONOMICISTA que la endeudó por años. Ahora se le consultaría SI QUIERE LIBRARSE DE ELLA y demoler el armatoste legaloide sin Derecho ni Justicia, como hicieron en Chile con la Constitución que impuso a sangre y fuego la dictadura de Pinochet. AHÍ SÍ SE PUDO. ¿Por qué aquí no se podría? El mal se combate con el bien.
