Después del tremendo berrinche que protagonizó el respetable Consejero Presidente del INE, quien aún no se ubica en su lugar de conserje del edificio y se sigue sintiendo el propietario, más allá de polémicas que tienen lugar en el tiempo, con los recursos y con el sueldo que le pagamos sus patrones a este empleadillo soliviantado e infantiloide, ahora los órganos jurídicos competentes, están obligando a este instituto a ponerse a trabajar y a dejarse de tortuguismos, para que lleven a cabo la consulta de revocación de mandato en tiempo, forma y con el presupuesto que tienen.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, antes de solicitar mayores recursos para organizar la consulta de revocación de mandato, el INE primero debe seguir contando las firmas recabadas y hacer adecuaciones a su presupuesto; es decir, ahorrar dinero de actividades superfluas, que sabemos sobran en ese órgano ineficiente, para destinarlo a estas funciones.
Al ser el INE un organismo autónomo, los ajustes financieros se hacen de manera interna y sólo deben ser avisados a la Secretaría de Hacienda para la integración de los informes trimestrales de finanzas y cuenta pública.
Por otro lado, ya en el caso de una ampliación externa, o sea, en caso de que quieran pedir más dinero, el instituto deberá enviar a la Secretaría de Hacienda el requerimiento, con la argumentación fundada y motivada, la cual será analizada por la dependencia. En pocas palabras, tiene que dar explicaciones de por qué necesita más dinero para que Hacienda analice si se lo da o no, o si le hace recomendaciones para que deje de derrochar fondos que no son de ellos, sino de los ciudadanos que les hacemos favor de pagarles un sueldo que no merecen por el lamentable trabajo que desempeñan.
La noche del miércoles pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un organismo que en más de una ocasión ha actuado como cómplice de las aberraciones electorales del INE, resolvió que éste no tiene atribuciones para aplazar la consulta de revocación de mandato prevista para abril próximo, luego de que en el mismo sentido se pronunciara la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así es que no les quedó de otra más que fallar en este sentido.
Al revocar el acuerdo con el que el INE buscaba aplazar la consulta de revocación de mandato, el tribunal electoral vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su sentencia, con el objetivo de garantizar los recursos, pero al mismo tiempo obliga al INE a justificar los recursos que está gastando, lo que detonó el berrinche del conserje en la persona de Lorenzo Córdova, que pensaba no darle explicaciones de sus abusos a nadie y ahora le guste o no, se las tiene que dar al poder ejecutivo.
El proyecto votado la noche del miércoles, detalla que “en el supuesto de que el INE solicite una ampliación presupuestaria, en la que justifique los gastos que se requieren para realizar la revocación de mandato”, la Secretaría de Hacienda debe responder a la brevedad, considerando que realizar el ejercicio es “una obligación de todo el Estado mexicano”; entonces, ¿Para qué queremos al INE?
Digamos que mientras decidimos como adelgazar o desaparecer a este órgano pernicioso para la democracia, primero vamos a ver que haga su trabajo, aunque sea arreándolo.
Por lo pronto que se pongan contar firmas, ya que a la fecha sólo han podido verificar el 12% de los 11 millones con los que les inundamos la oficina; también tendrán que dar explicaciones y esperar a que les responda Hacienda, indicándoles lo que tienen que hacer antes de que les demos más dinero para que lo dilapiden.
Como dijo el filósofo católico San Agustín: “La soberbia no es grandeza sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande pero no está sano”.
