La VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) protagonizó uno de los eventos a nivel regional de mayor cúspide en la última década y esto debido a que se presentó en el marco de un debate político que coloca en incertidumbre la legitimidad popular de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El deseo del gobierno de México es posicionar a la CELAC como un modelo de integración económica, pero también que responda a las necesidades sociales. Esto se refleja en el impulsó de una agenda multilateral que pretende abordar diferentes ejes del contexto regional. Por ejemplo: el desarrollo, la migración, la cultura, la democracia, el bienestar, la equidad y el medio ambiente.
Entre los acuerdos pactados podemos destacar que la CELAC se ajusta a diferentes mecanismos e iniciativas de carácter internacional, entre ellas podemos encontrar las siguientes:
- a) Dar seguimiento a la Resolución 74/274 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que consiste en fortalecer las cadenas de suministro que promuevan y garanticen el acceso universal de forma transparente de insumos médicos y vacunas para atender al COVID-19.
- b) Adoptar la Declaración Política de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción con el motivo de reforzar la cooperación internacional para acabar con la corrupción.
- c) Declarar un llamado al Fondo Monetario Internacional a asegurar el acceso oportuno a los Derechos Especiales de Giro (DEGs).
- d) Afirmó su compromiso de promover la igualdad de género, así como las condiciones necesarias para alcanzar el pleno ejercicio y disfrute de las libertades fundamentales y de todos los derechos humanos a partir del cumplimiento de los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
- e) Cumplir con las obligaciones contraídas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
- d) Ratifica el más alto compromiso político en la lucha contra el cambio climático, la desertificación, la defaunación y la pérdida de biodiversidad tomando nota del último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
No obstante, podemos denotar la ausencia de los jefes de Estado de Brasil, Chile y Colombia. Si bien, abstenerse a participar en el foro de diálogo puede contar con alguna justificación, existe la coincidencia de que estas tres administraciones son promotores del convenio de PROSUR, una alianza regional que emergió en los últimos años como respuesta a la UNASUR. Bajo la retórica de que la integración no debe empeñar ideología alguna, citando las palabras del presidente chileno, Sebastián Piñera. Haber faltado a participar en el encuentro de la CELAC también remarca una posición política.
A la vez, podemos observar la desintegración del Grupo de Lima, iniciativa que pretendió promover desde el actuar regional el regreso de la democracia en Venezuela, no obstante, los cambios políticos de la región han traído consigo nuevos liderazgos que apelan a una integración diferente a la que presentaron y dieron seguimiento los gobiernos de Piñera, Iván Duque (Colombia) o Jair Bolsonaro (Brasil) o incluso la presidenta de facto, Jeanine Añez tras el golpe de Estado en Bolivia del 2019. El fracaso de la iniciativa se debió al discurso confrontativo en el marco de las negociaciones, en lugar de uno conciliatorio entre las partes inmiscuidas, el oficialismo y la oposición en Venezuela.
En la actualidad, la iniciativa del Mecanismo de Montevideo propuesta por la administración actual del gobierno de México trajo consigo resultados más favorables que han direccionado hacía que el país caribeño reencuentre el camino de la pacificación y el respeto a los derechos humanos. En el marco de la CELAC, se celebraron dos acuerdos: uno para la protección económica y social del pueblo venezolano y otro sobre la defensa de la Guayana Esequiba.
Es importante destacar que, de forma contraria, la posición de la OEA no ha podido responder de forma imparcial a las violaciones de derechos humanos en la región, pareciera que el secretariado general de la organización tiene afinidad hacia ciertos gobiernos. Esto imposibilita garantizar la universalidad que promueven las Naciones Unidas en torno a los derechos humanos. Podemos denotar los casos del golpe de Estado en Bolivia o las manifestaciones en Colombia a inicios del 2021. En estos casos se visibilizó que Luis Almagro responsabiliza con la misma medida a víctimas y victimarios. El secretario declaró, “han transformado la protesta en vandalismo”. Este tipo de acusaciones han generado que la legitimidad de la OEA se vea afectada.
En contracorriente a los claro oscuros manejos de la OEA, el corredor diplomático marcado por los gobiernos de México, Argentina, Bolivia han remarcado una alianza que ha permitido sembrar las bases de un multilateralismo popular en el cual la línea de acción es el bienestar social, desplazando en cierta medida el trato económico como la única vía de desarrollo en la región como lo marca PROSUR. De esta forma será interesante analizar los siguientes pasos de la organización y que se logren aterrizar en los próximos años una integración regional en el marco de la CELAC.
