SCJN: Los ministros delincuentes

A partir de que los ministros de la Corte decidieron modificar un artículo de la Constitución para cancelar la prisión preventiva oficiosa en el delito de evasión fiscal, usurpando facultades exclusivas del Poder Legislativo, que es el único que podría modificar la carta magna, se está convirtiendo en una costumbre que estos sujetos se comporten como delincuentes.

Transgredir las leyes es un acto delincuencial. Pero lo que es inaudito, es que esos actos se cometan desde el nivel más alto del poder cuya única responsabilidad es garantizar que esto no suceda.

Hoy nos encontramos con que un ministro fiestero, cuyo historial incluye haber sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, se atrevió a emitir una suspensión en contra de las modificaciones a la ley electoral aprobadas por el Congreso, transgrediendo sus facultades y actuando en forma completamente ilegal de acuerdo con el procedimiento de la Corte.

Como dijo muy bien un mensaje publicado en Twitter por el Gobierno de México, este juececito arrancó páginas de la Constitución para emitir su fallo ilegal de la forma más descarada posible, sin cuidado ni recato, anunciándolo pomposamente como sapos inflados de acuerdo a su costumbre, un viernes por la noche alternando entre alguna comida y su oficina, para firmar su despropósito.

Viviendo en un mundito cerrado en el que parecen sentirse absolutamente impunes y al margen de la ley, los ministros están ya tentando a su suerte, no solamente porque se acaba la paciencia de los otros dos poderes de la Unión y la de los ciudadanos entre quienes se empiezan a escuchar arengas de venganza.

En este marco, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para buscar que los ministros y magistrados sean elegidos por el voto popular, lo que requiere de dos terceras partes de los votos del Congreso para progresar; por esta razón se antoja como algo difícil de que transite, aunque por lo menos va a dejar otro precedente que señale a los legisladores que impiden sistemáticamente que los procesos democráticos avancen en este país.

El Poder Judicial no sufriría ningún daño si sus magistrados y ministros son elegidos por el voto popular; al contrario, se legitimarían como lo hacen los miembros de los otros dos poderes mediante la aplicación de este mecanismo, pero perderían el privilegio de que una pequeña camarilla de delincuentes, tome la decisión de quiénes deben integrar esos organismos podridos por el dinero y la impunidad.

Este es el único de los tres poderes cuyos integrantes no llegan a sus cargos a través del voto popular, subrayando la existencia de un escenario paradójico en el que tampoco los consejeros que integran el organismo que debe vigilar que el voto popular se respete son elegidos así.

Estos dos organismos y los otros órganos autónomos configurados por los gobernantes criminales del pasado para blindar sus privilegios, existen en una burbuja que engloba en su interior anacrónico los tumores cancerosos de la vida política de México, que tarde o temprano los ciudadanos vamos a tener que extirpar; sería muy conveniente lograrlo por los medios legales institucionales, antes de que se puedan considerar otros escenarios poco recomendables pero posibles y como van las cosas, cada vez más probables.

Como estamos viendo hoy en Francia, la reacción ciudadana puede convertirse en un escenario peligroso y violento si se rebasa el límite de tolerancia de la sociedad. Si estos jueces  y consejeros de pacotilla no lo entienden, pueden provocar un problema cuyas dimensiones, así como medios de ejecución, rebasen sus capacidades de control, saliendo todos perjudicados. Esperemos que su estupidez no inhiba su instinto de conservación.

Como dijo el escritor checo Franz Kafka: “Es solo por su estupidez que algunos pueden estar tan seguros de sí mismos”.