Recientemente el subsecretario Alejandro Encinas comentó algo que ya sabíamos, pero que no había sido confirmado por las autoridades. Los gobiernos de Calderón y Peña ocultaron durante 10 años las desapariciones forzadas en nuestro país.
No existían datos sobre este terrible fenómeno de violencia en México y estos dos corruptos, junto con sus cortes de funcionarios ineptos, se esmeraron en asegurarse de que así fuera.
Hoy, por primera vez en la historia, sabemos cuántos desaparecidos han habido en México desde 1964, cuantos han sido encontrados y cuantos tenemos que seguir buscando. También por primera vez hay un registro nacional de las víctimas que se alimenta desde varias fuentes oficiales en México y en el extranjero, como fiscalías, comisiones y consulados.
Así nos enteramos que de 1964 a julio de 2020 habían sido reportadas como desaparecidas 251,081 personas, de las cuales han sido localizadas el 71%. De las 177,863 personas localizadas, el 94% se han encontrado con vida y el 6% sin vida.
73 mil 218 personas del total reportadas aún no son localizadas y se siguen buscando desde principios de 2019. El 97% de ellas fueron reportadas desaparecidas a partir de 2006; es decir, en los sexenios de Calderón y Peña fundamentalmente.
Este es el balance tremendo de la herencia negra que miles de familias mexicanas y la sociedad entera, hemos recibido de parte de dos de los peores gobiernos de la historia de México, con la que dolorosamente tendremos que vivir hasta que se esclarezcan todos los casos y se haga justicia.
El subsecretario Encinas señaló que se busca abrir todos los caminos para tener la mayor cantidad de información, que permita saber quiénes son las personas reportadas como desaparecidas, así como avanzar y hacer más eficientes, tanto las acciones de búsqueda, como el entendimiento de los patrones de desaparición, porque ha llegado el momento de saldar la deuda histórica con las víctimas de la violencia generada por los regímenes anteriores.
Todas las comisiones estatales de búsqueda que han solicitado recursos, han recibido subsidios federales, también por primera vez se comparten experiencias sobre las acciones tomadas y el camino a seguir, a fin de promover la ratificación de la ONU, por medio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la existencia de la mayor crisis humanitaria de violación de los derechos humanos que se ha vivido en el país, asumiendo el compromiso para que en los casos específicos de desaparición forzada, se hagan las investigaciones de fondo, a fin de terminar con la impunidad y hacer justicia.
Los mexicanos no podemos permitir que un crimen de esta envergadura se mantenga impune. Los funcionarios responsables de gobiernos anteriores, federales, estatales y municipales, tienen tarde o temprano, que responder y enfrentar las consecuencias de sus actos. Actos que sumieron a miles de familias en la peor pesadilla que alguien puede imaginar, muchas de las cuales continúan viviéndola día con día
Están equivocados quienes provocaron y avalaron esta infamia, y quienes crean que tienen la más mínima oportunidad de regresar a la vida política de México, para seguir dañando a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir.
Como está escrito en el Génesis, primer libro de la Biblia: “El que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada”.
