No se puede censurar a los mexicanos en cualquier medio o plataforma de información. Este mensaje del presidente López Obrador, a propósito de la iniciativa que Ricardo Monreal presenta en el Senado, para dar un marco legal a la actividad de quienes son propietarios de estas plataformas y a los usuarios que participan dentro de las mismas, ha generado un debate nacional interesante.
Es evidente para todos los mexicanos, que la intención del presidente del país, es preservar, ante todo, el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos.
Reglamentaciones que limiten dicha libertad, no pueden ser aprobadas en un Congreso de la Unión que tiene en este momento mayoría afín al proyecto que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación.
No puede haber censura ciudadana. Eso es claro. Pero sí debe ser impulsada una legislación que limite el poder de las grandes corporaciones que controlan a estas redes sociales, a fin de que garanticen la libertad de opinión en las mismas.
Esto que vemos hoy en México, no es nuevo. La Unión Europea desde hace aproximadamente seris años, viene legislando al respecto. Ahí se han tomado medidas de carácter general, aplicables en todos los países de la región y se ha dejado un poco más abierto el marco penal, para que cada nación, de acuerdo a su Constitución y leyes internas, sancione las faltas graves cometidas por los propietarios, administradores e incluso usuarios que falten a las reglas que imperan dentro del país.
Porque la norma que se ha seguido en la Unión Europea es muy simple: “lo que es ilegal offline, también lo es online”.
Todo lo que en nuestra vida cotidiana es considerado inadmisible, por ley o por ser calificado como conducta inapropiada, también debe serlo cuando participamos en redes sociales.
Uno sale en su carro y en un incidente de tránsito menor, lanza palabras duras contra quien conduce el otro vehículo. Y no pasa nada. Cada uno sigue su camino.
Otro habla de religión o de política en escenarios donde estos temas no son bien vistos y lo único que provoca es rechazo verbal y indiferencia. No hay consecuencia alguna, porque se ejerce el derecho a la libertad de expresión.
Pero si un sujeto sale a la calle e intenta convencer a una menor de edad a tener relaciones sexuales con él, de inmediato se coloca al margen de la Ley y debe ser denunciado ante la autoridad correspondiente.
Si alguien llega a un recinto donde hay un buen número de gente reunida, gritando a todo pulmón ¡fuego!, o ¡está temblando!, está cometiendo una falta grave que debe ser sancionada.
Esos casos se presentan en nuestra vida offline.
Lo que se pretende al regular a las redes sociales en Europa, es impedir que, dentro de nuestra vida online, sucedan hechos similares.
Y algo más, que resulta muy importante.
Es necesario obligar a las plataformas digitales, a tener una reglamentación clara y abierta sobre la forma en que deben participar los usuarios que las utilizan. Saber con certeza cuándo se considera que han cometido una falta al reglamento que aplica en la red.
Brindar la posibilidad de apelación sobre la supuesta falta cometida.
Hacer del conocimiento de los usuarios de la plataforma, sobre todo lo relacionado a las políticas de publicidad que maneja la red y dar la posibilidad a todo ciudadano a manifestarse en favor o en contra de las mismas. Eso aplica también a lo que toca al manejo de datos personales de quienes participan en esas plataformas.
Esta reglamentación es una realidad en la Unión Europea y se trabaja a diario para perfeccionar sus alcances y conseguir las metas deseadas. Unas redes sociales abiertas, libres y ajustadas a lo que sucede en la vida real.
Este deseo de hacer frente a la fuerza económica, que hoy en día intenta convertirse también en fortaleza política, por parte de las grandes plataformas de redes sociales, creció ante lo que el mundo atestiguó hace poco, en las campañas presidenciales y proceso electoral en los Estados Unidos.
Fue evidente el bloqueo que ejercieron las redes sociales a la campaña del expresidente Trump. Es innecesario entrar en detalles sobre un tema ampliamente comentado. Pero lo que resultó de todo esto, fue el temor de que los propietarios de estas plataformas, intentaran replicar el método en otras naciones.
Esto ya sucedió en Uganda. Twitter y Facebook intentaron influir en las campañas presidenciales en aquel país, del mismo modo en que lo habían hecho en Estados Unidos. Censuraron cuentas y voces de funcionarios públicos y la respuesta del gobierno fue contundente.
Les bajó el switch. Las apagó mientras se realizaba el proceso electoral.
Si el gobierno ugandés es democrático o no, es asunto aparte. Lo importante es que la intromisión de los propietarios de redes sociales para decidir quién puede hablar y quién no, dentro de un proceso electoral que definirá al gobierno de algún país, es inadmisible para cualquier nación que se respete.
La libertad que disfrutamos en nuestra vida cotidiana, debe reflejarse en nuestra participación en redes sociales. Absoluta libertad de opinión, sin cortapisas, ni censura. Pero respetando las mismas reglas que operan en nuestra realidad como ciudadanos. Eso es lo que intentan los países del continente europeo.
Al mismo tiempo, el poder de las grandes corporaciones que controlan estas plataformas, debe tener límites. No pueden estar por encima de los gobiernos democráticamente constituidos, ni intervenir para favorecer un proyecto político en especial.
Deben evitar censurar o suspender cuentas, sin permitir aclaraciones, defensa del usuario, o derecho de apelación del supuesto infractor. Los reglamentos deben ser claros y apegados a las leyes vigentes en el país.
En Europa, estos mecanismos existen ya. Son una realidad que se ajusta día a día.
En México estamos iniciando esta ruta.
Debe haber entera libertad de expresión, responsabilidad de los dueños y administradores de redes sociales y un marco que limite el poder de estas plataformas, en la actividad política que solo concierne a los mexicanos.
Se debe legislas, pero bien y sin coartar libertades.
Malthus Gamba
