El ingreso que la CDMX podría lograr si la SCJN valida el gravamen palidece ante lo que se recaudaría si el empresario multimillonario pagara su deuda al SAT.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este jueves la constitucionalidad del impuesto local del 2% sobre los ingresos de plataformas digitales de delivery y movilidad, como Rappi, Uber Eats y DiDi Food, impulsado por el gobierno de la Ciudad de México desde 2021.
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De aprobarse, el fallo abriría la puerta para que otros estados cobren un gravamen similar, bajo el argumento de fortalecer la recaudación local.
Sin embargo, especialistas y repartidores advierten que la medida afectará directamente sus ingresos, pues las empresas podrían trasladar el costo a los usuarios y a los trabajadores de reparto.
“Es un golpe más para quienes viven al día. Las plataformas pueden absorber parte, pero al final quienes pagan son los repartidores”, comentó un representante del sector que pidió no ser nombrado.
El impuesto había sido frenado temporalmente por la Corte tras una impugnación de las empresas, pero el nuevo debate podría reactivarlo de forma definitiva.
Mientras tanto, el gobierno federal mantiene pendiente el cobro de más de 25 mil millones de pesos al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra, Banco Azteca y TV Azteca, quien ha prolongado el litigio fiscal durante años mediante recursos legales.
El contraste no pasó desapercibido entre usuarios y analistas: mientras se presiona a las plataformas tecnológicas que emplean a más de un millón de repartidores en México, los grandes deudores fiscales siguen sin rendir cuentas.
Por: El Crítico Político
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