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Por Akire Lincho
El domingo pasado en Aguascalientes, Baja California Norte, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, los únicos puntos de encuentro de los ciudadanos, relacionados con los procesos electorales locales, fueron las urnas.
Las bodegas donde se preparaban las tortas, donde se empacaban las despensas, donde se apilaban las gorras y las camisetas, donde se ponían los paquetitos de billetes de 500 pesos en bolsitas estuvieron cerradas; los vehículos en los que se transportaban, y desde los que se repartían los artículos, no aparecieron en las esquinas de las ciudades y de los pueblos, y las convocatorias de funcionarios menores de los partidos políticos para que los vecinos acudieran a recibir los regalos y el dinero a cambio de votos orientados en un sentido u otro, no tuvieron lugar durante el fin de semana.
Lo que sí apareció en estos procesos electorales fueron funcionarios de la Fiscalía Especializara Para Atender los Delitos Electorales (FEPADE) acompañados de representantes del Ministerio Público, deteniendo a personas reclutadas por algún partido político, que habían sido denunciadas por intentar comprar el voto de sus vecinos y que fueron indiciadas en procesos penales sin derecho a fianza que actualmente están en curso.
Hace unas semanas el congreso determinó que los delitos electorales se convertían en delitos graves, que implicarían prisión oficiosa y no tendrían derecho a fianza.
Por primera vez, en un hecho inédito, ninguna dependencia del gobierno federal intervino en la promoción del voto a favor de partido alguno y, seguramente, las autoridades locales y la mayoría de los funcionarios de los partidos hicieron su mejor esfuerzo para contenerse y evitar llevar a cabo esta actividad en forma evidente, como había sucedido siempre en la historia electoral de México.
Se extrañaron esas bonitas campañas encabezadas por los secretarios de estado del gobierno federal anterior, dando discursos y reuniendo multitudes que agitaban múltiples banderitas del partido oficial en distintos municipios del Estado de México, durante las semanas anteriores a que se llevaran a cabo las elecciones para gobernador con Del Mazo como delfín del sistema, que incluían reparto de regalos, despensas, tortas, refrescos y dinero para todos los ciudadanos “libres” que estuvieran dispuestos a recibirlo.
Se echó de menos la distribución de memoranda emitida por los jefes de departamento de las distintas dependencias de gobiernos estatales, amenazando a los empleados con descuentos, castigos y despidos en caso de no acudir a votar a favor del partido en el gobierno.
No hubo tamal, carrusel, ratón loco ni toda la variedad de estrategias mapachiles que proliferaban en procesos electorales del pasado, promovidas por los corporativismos partidistas para cargar la balanza de los votos a favor de sus partidos.
Por primera vez en la historia se vivieron elecciones con libertad, sin coacción y, si en el escenario se llegaron a hacer algunas trampas derivadas de la inercia provocada por una cultura política anacrónica y disfuncional, lo que no se pone en duda, fueron discretas y de consecuencias menores.
Al día siguiente de las elecciones los partidos de oposición y sus voceros oficiosos en todos los medios de difusión tradicionales, y en las redes sociales, se manifestaron extrañados por la baja participación de los ciudadanos en la jornada de votación, atribuyéndolo a múltiples factores especulativos que no presentan fundamento alguno, como al desgaste electoral derivado de las elecciones del año pasado, al desencanto ciudadano, a una suerte de apatía colectiva y a una serie de razones probables que, como ya es costumbre en las declaraciones de la oposición y de sus sesudos voceros oficiosos, no tienen ningún fundamento lógico ni racional. Esto solo se explica por la falta de capacidad cognitiva que han demostrado los miembros de la oposición y sus opinólogos desde el 1 de julio del 2018. No entienden la realidad y no tienen voluntad para intentar comprenderla porque no corresponde a aquella en la que se sentían cómodos e importantes; imaginan una realidad inexistente a partir de sus hábitos disfuncionales de razonamiento y no se ocupan del análisis serio y fundamentado de los hechos; se dedican a configurar conjeturas e hipótesis desde una óptica contaminada por los vicios del pasado.
En promedio, de los cinco Estados donde se llevaron a cabo elecciones, salieron a votar 3 de cada 10 ciudadanos registrados en el padrón electoral; esta participación de los ciudadanos fue menor que la que tuvieron los votantes en las elecciones presidenciales del 1 de julio del año pasado que fue del 62 por ciento. Comparando la participación ciudadana de cada Estado con la que se observó en la elección presidencial, nos damos cuenta de que la participación disminuyó en 20 por ciento en los Estados de Aguascalientes y Durango, en 30 por ciento en los Estados de Baja California, Puebla y Tamaulipas, y en 40 por ciento en el Estado de Quintana Roo.
Es mucho más probable que estos niveles porcentuales de disminución en la participación ciudadana de los procesos electorales del domingo se deba a la ausencia de votantes coaccionados por sus superiores, los motivados por dádivas de los partidos políticos y los acarreados por distintas organizaciones, que por un sentimiento de “desgaste”, “desencanto” o de “apatía” colectiva. A partir de estos datos podemos ir dándonos cuenta y midiendo de alguna manera la proporción electoral que implicaban las prácticas disfuncionales e ilegales que prevalecían antes de que iniciara la cuarta transformación de la vida pública de México, fundamentadas en el uso de recursos y poder públicos en beneficio de los que se encontraban a cargo del gobierno.
Por primera vez, en forma inédita, la cancha de la competencia política es pareja y esta competencia se desarrolla en el marco de la legalidad electoral, con libertad y sin ventajas derivadas del uso descarado del presupuesto público.
Hoy los ciudadanos debemos entender que, como nunca, la elección de nuestros gobernantes está exclusivamente en nuestras propias manos y no en las de gobiernos y autoridades facciosas como era antes, y acostumbrarnos asumir la obligación participar y el derecho a elegir libremente a nuestros representantes en el gobierno. Se acabaron las excusas; es hora de madurar como ciudadanos.