El pasado 20 de febrero la Auditoría Superior de la Federación, envió a San Lázaro la tercera entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019, en los que se incluyeron las auditorías de los megaproyectos de la actual administración como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y la construcción del Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía.
En el documento, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de 331,996 millones de pesos, sin embargo, dos días después la Auditoría informó que existieron inconsistencias metodológicas en la cuantificación del monto de la suspensión de la obra.
Sin embargo, desde el mismo momento en que el informe fue presentado en la Cámara de Diputados, prácticamente todos los medios de información tradicionales, distinguidos por fabricar mentiras y tergiversar información, se lanzaron al unísono en contra del gobierno, subrayando con lujo de estridencia el exagerado resultado presentado por el órgano autónomo.
Como el asunto fue motivo para que se cuestionara al Presidente en una de sus conferencias matutinas, el primer mandatario invitó a la Auditoría Superior a que revisara y corrigiera sus datos, lo cual hizo dos días después, alegando en su favor que el informe había tenido “inconsistencias metodológicas”, lo cual traducido al español quiere decir que el modelo de valuación que utilizaron era incorrecto, como si esto fuera una justificación válida.
Para su desgracia, el mismo Secretario de Hacienda declaró que no se trataba de errores metodológicos sino de pifias en la contabilidad financiera básica; es decir, sus operaciones básicas estaban mal hechas.
Mientras se le cuestiona en la Cámara de Diputados al contralor general de la Auditoría Superior sobre algo que es increíble e inútil explicar, como el hecho de que los funcionarios especialistas de auditar al gobierno de México cometan errores de contabilidad básica, es útil reflexionar sobre los beneficios que le dejó a alguien este pequeño error de operaciones básicas.
Nadie podría creer que estos funcionarios técnicos, incluido el Contralor General puedan ser tan ineptos como para cometer errores de estudiantes de Secundaria. Lo más increíble del asunto es que se atrevieron a publicar un documento lleno de basura y que entregaran un resumen de los resultados a todos los medios chayoteros para que los difundieran en un solo día.
Salvo por algunos despistados que viven en la luna y odian al gobierno, todo mundo entendió que los auditores del país habían hecho las cosas mal y el escándalo mediático se desactivó en 24 horas, dejando en absoluto ridículo a los funcionarios responsables y a los voceros de mentiras que ya todos conocemos, aunque esto para ellos no es más que una raya más al tigre.
Es muy oportuno que el mismo Presidente haya solicitado a la Cámara de Diputados que se investigue el asunto para deslindar responsabilidades sobre la producción de mentiras dirigidas a golpear a la administración actual, que por primera vez en décadas desarrolla megaproyectos de infraestructura en forma eficiente y austera.
Los ciudadanos estamos cansados de tener que seguir consumiendo información tóxica sin sustento en la realidad, diseminada a través de medios que nosotros estamos financiado parcialmente a través de la publicidad oficial. El ridículo no basta para empezar a castigar a quienes fabriquen patrañas para tratar de engañarnos.
Como dijo el poeta inglés Alexander Pope: “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”.
