Líder del CCE expresa descontento por fin del Outsourcing; “¡No jodan!”, dice al Gobierno Federal
Jasminia DP,
3 diciembre, 2020
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Tras la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de eliminar el Outsourcing, el empresariado nacional -que se ha visto beneficiado con esta práctica- ha manifestado su rechazo a la decisión del gobierno federal de eliminar este sistema de contratación.
Cabe recordar que tanto el sector empresarial y autoridades federales, mantienen un diálogo sobre el outsourcing e insourcing, “pues no han podido convencerlos”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El dirigente de la cúpula empresarial, comentó que es necesario que se revise el proyecto de Ley General para la Reactivación Económica que fue presentado para no afectar a los sectores involucrados.
Además consideró, que la política pública “no solo deben hacerla los políticos, pues sus propuestas solo sirven a sus intereses o de muy corto plazo o carecen de un análisis profundo y de las consecuencias que tiene en la actividad empresarial”.
Sobre el tema de eliminar el outsourcing -iniciativa del Ejecutivo federal-, Salazar Lomelín dijo: “Se nos está enfrentando una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por unos, he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando a veces hacer la autoridad es tumbar los árboles, dices, ¡no jodan! En vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada”
“El ejemplo del outsourcing e insourcing es un maravilloso de cómo una orientación que puede ser muy positiva, mal implementada tiene consecuencias desastrosas para la economía, como hemos tratado e intentado hacerle ver a la autoridad. A veces sin mucho efecto o sin mucha suerte de poderlos convencer”.
En las últimas dos semanas, tanto las autoridades federales como representantes del sector privado, se han reunido para llegar a un consenso sobre esta figura laboral, ya que la iniciativa privada argumenta que se perderían 5 millones de empleos y diversas empresas dejarían de invertir en el país.
Con información de La Jornada
