LAWFARE versus PODER CIUDADANO

@_BarbaraCabrera

“La ley por la ley puede ser el mejor instrumento de dominación del poder”

Jaime Cárdenas Gracia

Debido a los golpes mediáticos que últimamente está asestando el Poder Judicial –concretamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el arribo de Norma Piña a la presidencia- al proceso de transformación que vivimos en México y América Latina, considero oportuno hablar acerca de una palabra, la cual no es precisamente un nuevo vocablo, no obstante, ha cobrado notoriedad: me refiero al lawfare.

En palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. Hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso la excepción no la regla general. Porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. Sale un violador, un narcotraficante y dicen: el Gobierno. No, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial. Pues es un proceso, el de la transformación. No se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos”

Recordemos como el 9 de junio de 2022, el grupo opositor, a través de sus dirigentes nacionales, descaradamente dejaron al descubierto su estrategia al salir a la escena pública al declarar a “sus legisladores” en “moratoria constitucional” y amagaron en el punto 3 de su desplegado que en caso de aprobarse iniciativas contrarias a la Constitución acudirían a la SCJN. Lo que realmente quisieron decir es: “cuando las reformas no estén ad hoc a la defensa de nuestros intereses, el Poder Judicial nos hará la chamba”

Posteriormente, en noviembre de 2022, el senador por Morena José Narro Céspedes alertó durante el Foro “Infodemia y lawfare: estrategias políticas por la verdad y la justicia”, acerca de la necesidad de construir conocimiento colectivo, estratégico y práctico para entender, contrarrestar y prevenir los ataques jurídicos mediáticos que se realizan en contra de los movimientos progresistas de México y otros países.

“El lawfare, dijo, podría traducirse como guerra jurídica y judicial, que consiste en el empleo de herramientas propias del poder jurídico para anular o debilitar el ejercicio de los derechos políticos de ciertos actores de la realidad.

Narro Céspedes, destacó que estas guerras judiciales son posibles, gracias a la acción previa de los medios de comunicación, pues es a través de ellos, que las derechas nacionales y el poder económico deslegitiman las acciones penales y jurídicas en el terreno de la opinión pública”

Y en esas anda la oposición moralmente derrotada, judicializando todo aquello que no pueden ganar, tanto en las urnas, como en las votaciones. Lo único que no podrán llevar a tribunales es disputar el apoyo del pueblo, porque nosotros estamos del lado de la transformación.

Atinadamente lo expresó el Presidente en una de Las Mañaneras: “Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder cancelar las obras, no se puede; una cosa es que violen la Constitución, a ver que me digan los Ministros si no la están violando cobrando más de lo que cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”

Otro ejemplo de las mañas de los moralmente derrotados, lo encontramos recientemente, específicamente el 25 de mayo de 2023, cuando la senadora por Morena, Citlalli Hernández exhibió vía Twitter al senador del PAN Julen Rementería por intentar que se aprobara un punto de acuerdo para exhortar a la SCJN a destituir al Presidente Andrés Manuel López Obrador “por desacato judicial” ¿En serio creen que el Senado aprobaría un punto de acuerdo en este sentido? Un punto de acuerdo que también incluía al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, así como al Secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Y agrega la senadora Citlalli Hernández: “en fin, lo que queda claro es que la oposición no hace política, judicializa todo y se han quitado la máscara de golpistas. Son los herederos de Victoriano Huerta. Quieren conquistar vía la SCJN lo que el pueblo les ha negado en las urnas”

Con este contexto, en esta Nornilandia quiero compartirles información acerca del lawfare y sus implicaciones, desde un lenguaje claro y preciso, para estar informados y llenarnos de acciones.

A continuación, algunos datos obtenidos de la literatura publicada al respecto, entre la que destaca el libro “El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la Ley” de Arantxa Tirado Sánchez.

El lawfare es una poderosa arma de guerra que tiene la virtud de camuflarse en la legalidad para disimular sus objetivos ilegítimos. Quizá uno de los más peligrosos, además de su capacidad para subvertir la voluntad popular manipulando a la opinión pública y se define, nos dice Raúl Zaffaroni, como una guerra política por la vía judicial, o como la persecución por la vía judicial-mediática, para eliminar al enemigo político.

Se trata de un fenómeno que padecemos a nivel regional. Hoy la disputa por el poder se da en nuestros países, principalmente, a través del uso de la justicia. Su objetivo es disciplinar y proscribir gobiernos y líderes populares (como ejemplo tenemos a Lula y Dilma en Brasil; a Rafael Correa en Ecuador; a Evo Morales en Bolivia; a Pedro Castillo, en Perú, entre otros)

El ataque judicial cuenta, además, con el apoyo de los grupos económicos de comunicación, al servicio de los intereses concentrados, quienes fomentan y difunden discursos de odio –llegando incluso a plantear la eliminación de quien piensa distinto- que no tardan en traducirse en acciones violentas de enorme gravedad. Tal es el caso del intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, un hecho intolerable para la democracia.

Sin duda estamos ante el aumento del protagonismo del Poder Judicial en las agendas políticas o sociales centrales, y la judicialización de las cuestiones relativas a las políticas públicas.

Y desde el poder ciudadano, ¿qué podemos hacer para revertir el lawfere?

Implementar mecanismos preventivos para confrontar los golpes por goteo, los cuales pueden desarrollarse en los barrios y desde las organizaciones sociales. Esto es, ejercer nuestro poder ciudadano, informados y organizados, sin caer en provocaciones.

La propuesta para revertir estos desafíos es, de todos modos, con más derechos: crear y consolidar una cultura legal popular desde los movimientos sociales. La cultura legal popular consiste, en primer lugar, en incorporar el funcionamiento de la justicia en la agenda de transformación social. En segundo lugar, se trata de difundir conocimiento legal básico para quebrar la torre de marfil en la que se encuentran los tribunales, facilitando un contralor cívico que evite que las causas penales del lawfare avancen.

En este objetivo se precisa una tarea de formación. Esta puede tener lugar a través de eventos que acerquen el derecho a los movimientos sociales y lo vuelvan comprensible, de conformar y consolidar medios alternativos, así como la utilización de redes sociales que incorporen las novedades de tribunales para que la única voz no sea la de los medios hegemónicos; además de establecer mecanismos de divulgación de información sobre los ministros, fiscales, defensores y jueces del lawfare para conocer sus acciones y terminar con la protección del anonimato.

Finalmente, el lawfare indica como imprescindible (aunque no suficiente) la urgente necesidad de una profunda reforma judicial. Desde esta perspectiva, pugnemos por un Poder Judicial democrático, igualitario y al servicio del pueblo; no de los oligarcas y unos cuantos intereses.

Nuestra sociedad requiere un Poder Judicial que se repiense a sí mismo. Que se actualice, que se democratice, que sea un Poder Judicial para esta democracia y no en contra de ella. Es preciso transparentar las acciones de quienes conforman ese Poder, desde jueces, magistrados y ministros. Nuestra sociedad tiene que conocer quiénes son los juzgadores en todos los niveles, como piensan, cuál es su ideología.

De ahí la trascendencia de activar el Plan C que nos explica en Presidente Andrés Manuel López Obrador:

“500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales: 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el Plan C, que cuando se vaya a votar se piense en eso, si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción que se piense a la hora de votar que sea no solo para el Presidente o la Presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene dos terceras partes en el Congreso se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Y si se puede alcanzar, si hoy fueran las elecciones se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación”

Cierro esta Nornilandia afirmando que al bloque opositor y sus personeros les da urticaria el pueblo, así como el Estado de bienestar, por eso utilizarán cuanto mecanismo esté a su alcance. Es muy importante mantenernos alertas para no permitir su avance y nos arrebaten lo ganado.

Es todo por hoy.

¡Hasta la próxima Nornilandia!