Jueces argentinos condenan a 6 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
Erick Gutierrez,
6 diciembre, 2022
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En una polémica decisión, que pone en entredicho la independencia del poder judicial argentino, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sentenciaron a 6 años de prisión y la inhabilitación política de la actual vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, así como otos funcionarios allegados a la también ex mandataria, al haberlos encontrado culpables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.
Sin embargo, aunque la sentencia causare condena, Kirchner no iría a prisión, pues cuenta con el fuero otorgado por su cargo y, al tratarse de un fallo en primera instancia, significa simplemente el inicio de un muy largo camino jurídico que puede tomar años, antes de que la sentencia pueda quedar firme, por lo que la aún funcionaria está en libertad de presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluso regresar a la presidencia.
Al enterarse de la sentencia en su despacho del Senado en Buenos Aires, declaró que “esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal, esta es una condena que tiene su origen en la mafia judicial”.
Además de la ex mandataria, también fueron condenados a prisión por fraude otros siete funcionarios,como al ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y el empresario Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.
El fiscal Diego Luciani, quien solicitaba 12 años de prisión para Kirchner, señaló, al inicio de sus alegatos que “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, acusándola de presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Desde el comienzo de la causa, la expresidenta aseguró que la causa contra ella estaba armada políticamente desde la oposición y lo que denomina como el “Partido Judicial”, con la finalidad de excluirla de la política nacional, en un claro “golpe blando”, mediante lo que se conoce como “Lawfare” o guerra judicial.
