Guardería ABC, avanzando hacia la Justicia

Guardería ABC, avanzando hacia la Justicia
Por Akire Lincho

El 5 de junio de del 2009 a las tres de la tarde, en Hermosillo, Sonora, se incendió la Guardería ABC. En ella se encontraban 176 niños de entre 5 meses y 5 años de edad durmiendo la siesta, acompañados de 50 empleados; 49 niños murieron y otros 106 resultaron heridos. 70 niños y 5 adultos sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de consideración; 26 niños fueron atendidos por intoxicación y 30 más tuvieron que ser trasladados de urgencia a Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras de distintos grados; muchos de ellos van a requerir tratamiento de por vida por las lesiones que los afectaron. El local en el que se operaba el servicio de la guardería no contaba con extintores ni con salida de emergencia y se encontraba en el mismo inmueble donde se localizaba una bodega con archivos físicos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

Aunque el primer peritaje sobre el incendio, hecho por la procuraduría, determinó que el fuego había sido causado por un sobrecalentamiento de un sistema de enfriamiento en la bodega contigua a la guardería, el 4 y 5 de enero de 2010 el perito y consultor estadounidense David Smith determinó, en un segundo peritaje, no haber encontrado indicios de actividad eléctrica como causa del fuego, pero haber hallado evidencias de que el fuego pudo haberse iniciado en cajas del archivo de la bodega, de forma intencional. La labor de peritaje de Smith fue integrada formalmente al expediente del incendio por la PGR. El 13 de mayo de 2010, en una visita a Hermosillo, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, respaldó la hipótesis del incendio provocado. La Procuraduría General de la República, entonces a cargo del priista Jesús Murillo Karam, tuvo testimonios que afirmaron que el incendio de la Guardería ABC había sido provocado por una orden desde el Palacio de Gobierno en Sonora, con el objetivo de quemar la bodega para desaparecer documentos relacionados con la administración priista.

La Guardería ABC era una estancia infantil subrogada por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) a una asociación civil, que como todas ellas, requería el registro de la extinta SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) para recibir asignación de presupuesto, que en el caso de esta guardería ascendía a 422 mil pesos mensuales; adicionalmente estas estancias son supervisadas por el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en materia técnica operativa y por las instancias locales en materia de Protección Civil, cuyas medidas de seguridad estaban reguladas también por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima hermana de la esposa del entonces presidente Calderón, Margarita Zavala, y también parienta del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours, se asoció con Sandra Luca Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquides para formar la Asociación Civil responsable de la Guardería ABC; el contrato de subrogación de la Guardería ABC fue firmado por el finado panista Juan Molinar Horcasitas, en esa época director del IMSS, y los socios de la guardería. El entonces panista, después priista y hoy borolista Javier Lozano Alarcón, era titular de la Secretaría del Trabajo, dependencia responsable de supervisar las condiciones de seguridad de la guardería incendiada y, en su caso, ordenar que se cumplieran las medidas de seguridad establecidas en la norma oficial, o decretar su clausura por deficiencias de seguridad; asimismo, las instancias locales de Protección Civil compartían esa responsabilidad con la dependencia dirigida por Lozano. Ninguno hizo su trabajo, mientras la guardería funcionaba en condiciones de altísimo riesgo para los niños que ahí cuidaban, pero eso sí, las cuotas mensuales de 422 mil pesos fueron entregadas a la administración de la guardería con toda puntualidad.

El trato que recibieron los familiares de parte del gobierno y de los dueños de la guardería en los días siguientes a la tragedia se redujo a que, el 5 de junio por la tarde, el gobernador priista Eduardo Bours mandara sus condolencias desde Arizona, donde estaba de viaje, sin que se hubiera tomado siquiera la molestia de regresar a Hermosillo para hacerlo personalmente. El 6 de junio algunos de los niños recibieron la visita de los entonces panistas, hoy borolistas Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quienes manifestaron que México estaba de luto y que prometían justicia y castigo a los culpables.

Después de diez años de lucha en la que ningún gobierno siquiera los tomó en cuenta, el Presidente López Obrador se reunió con los padres de las víctimas de la Guardería ABC en Sonora; en esa reunión les informó que el IMSS cubrirá totalmente la ayuda médica y subrogada que solicitaron y les dio a conocer los avances sobre la edificación de un memorial.

Adicionalmente, y esto ya se había iniciado, se reabrió la investigación sobre esta tragedia para, ahora sí, castigar a los responsables. El IMSS presentó y ratificó la denuncia, en la que se incluye a Eduardo Bours y 14 funcionarios más como indiciados, además de a los dueños de la guardería, quienes eran la razón por la que los gobiernos, del Comandante Borolas y de Peña Nieto, estuvieron haciendo enormes esfuerzos para no llegar al fondo del asunto.

Siendo un caso similar, hay que recordar que la dueña del Colegio Rébsamen, por cuya imprudencia perdieron la vida 19 niños y 7 adultos en el terremoto de Septiembre del 2017, hoy se encuentra en la cárcel como responsable; no se entiende que a los dueños de la Guardería se les haya estado dado un tratamiento diferente.

Hoy el expediente incluye, a funcionarios federales de la época, entre los que se encuentran Daniel Karam Toumeh, director del IMSS de 2009 a la fecha en que se discutió la ponencia de la querella, Juan Molinar Horcasitas finado exdirector del IMSS que firmó el contrato de subrogación con los dueños de la guardería, Sergio Antonio Salazar Salazar, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS entre 2007 y 2009, Carla Rochín Nieto directora de guarderías de 2007 a 2009, Arturo Leyva Lizárraga delegado del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez titular del departamento delegacional de guarderías de 2001 a 2009.

Entre los funcionarios estatales incluidos en el proceso se encuentran Eduardo Bours Castelo gobernador de Sonora de 2003 a 2009, Wilebaldo Alatriste Candiani coordinador de la unidad estatal de protección civil de 2003 a 2009, Ernesto Vargas Gaytán secretario de Hacienda de 2007 a 2009, Fausto Salazar Gómez director de recaudación de la Secretaría de Hacienda de 2008 a 2009, y Jorge Melchor Islas subdirector de control vehicular de la Secretaría de Hacienda del 2006 a la fecha.

Los funcionarios municipales incluidos en el proceso son Ernesto Gándara Camou presidente municipal del 2006 al 2009, Jesús Davis Ozuna director de inspección y vigilancia municipal del 2006 al 2009, y Roberto Copado Gutiérrez coordinador municipal de protección civil del 2006 al 2009.

Los dueños de la guardería incluidos en la denuncia son Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima hermana de Margarita Zavala, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquidez.

Hay que recordar que estos últimos dieron una conferencia de prensa el 9 de junio de 2009, en la que declararon que “ignoraban que la guardería se encontraba en riesgo, y que las inversiones que habían realizado respondían a un interés legítimo”. Siempre lamentaremos profundamente que el interés legítimo de las inversiones de los dueños de la Guardería ABC y los 422 mil pesos mensuales que cobraban por cuidar a los niños no les hayan alcanzado para instalar detectores de humo, extintores, y salidas de emergencia en la guardería; de haber sido así hoy no tendrían que estar enfrentando a la justicia.