Por. Diego Iván López Miguel
Twitter: @DiegoI_Lopez
Polémica desde el inicio, así ha sido la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relegar a los particulares en la producción eléctrica. El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después presentó la primera suspensión provisional por parte del federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien precisó que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, que participa en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario se estaría dando una ventaja competitiva a la quejosa.
López Obrador en su conferencia matutina del viernes abordó el tema y pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se investigue al juez: “queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, señaló el mandatario. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar respondió a AMLO y escribió en twitter “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”. Fue el primer encontronazo fuerte después de que la iniciativa pasó sin problema por la mayoría parlamentaria de Morena.
El lunes, López Obrador envió una carta al ministro Arturo Saldivar, sobre actuación del juez que frenó aplicación de reforma eléctrica. En el documento se cuestionó si Gómez Fierro contaba con las facultades legales para realizar dicho movimiento y que detrás de la decisión hay intereses corporativos. AMLO mencionó que solicitaría a la Judicatura investigar la actuación del juez; Arturo Saldivar respondió a la carta del presidente de la República con un “su queja será remitida al área correspondiente” .
Este martes el juez Gómez Fierro concedió tres suspensiones más contra la reforma eléctrica de López Obrador. El juez notificó las dos suspensiones concedidas a las empresas Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas. Un segundo juez, Rodrigo de la Peza López Figueroa otorgó otras dos suspensiones provisionales que también ordenan frenar la aplicación de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica. Hasta el momento se han otorgado alrededor de 20 suspensiones provisionales.
López Obrador ha sido cuestionado por su intromisión en uno de los Poderes de la Unión, el Judicial. Los señalamientos y descalificaciones del presidente de la República a los jueces deben estar sustentados por un marco jurídico y presentar las pruebas para la ejecución legal de sus argumentos. Es inédito en el México contemporáneo que el titular del Poder Ejecutivo señale públicamente la actuación de algún juez. Anteriormente el Ejecutivo federal sometía a los otros dos Poderes, hay que recordar que el ministro Arturo Zaldívar afirmó que existió presión de Felipe Calderón en los casos de la Guardería ABC y en la liberación de Florence Cassez.
Existen investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de que el Ejecutivo y el Legislativo promovieron la corrupción desde sus facultades constitucionales, favoreciendo a empresas transnacionales, concretamente en el sector energético, con la aprobación a través de sobornos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la reforma energética en el “Pacto por México”, integrado por el PRI, PAN Y PRD, que vuelven a replicar su alianza rumbo a las próximas elecciones en la coalición “Va por México”, formada por Claudio X. González. ¿El Poder Judicial estará exento de la corrupción?.
López Obrador rompió la pequeña línea entre la separación de los tres poderes, pero puso un tema relevante en la discusión pública y que no se había cuestionado anteriormente. Siempre se revisa la actuación del Legislativo y el Ejecutivo federal pero nunca a los que deben impartir justicia, el Poder Judicial. La corrupción se ha perpetrado en prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano, ¿El Poder Judicial será ajeno a este fenómeno?. Magistrados y jueces han sido colocados por intereses políticos y económicos. El caso más relevante es el del exministro Eduardo Medina Mora, señalado por su cercanía con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; protagonizó diversos escándalos, tanto por sus votos en la Corte como por poner “candados” a investigaciones contra exfuncionarios. Lo mismo ocurrió con el exministro José Ramón Cossío, señalado en “La mañanera” de AMLO.
El cambio de régimen que pretende López Obrador ya abrió el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Ley de la Industria Eléctrica es primordial para el proyecto obradorista pero se ha topado con la resistencia no sólo del poder económico, se suman las suspensiones provisionales de dos jueces que están protegiendo los intereses económicos de las empresas que se habían visto beneficiadas en el sector energético. ¿Permanecerá intocable el Poder Judicial?.
