Carta abierta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por: @siriasaldana

¿Participación ciudadana vs. restricción de Derechos Humanos?
Carlos Salinas de Gortari llegó en 1988 con un fuerte cuestionamiento social, con sospecha de fraude e instauró un régimen de corrupción con la venta de sectores estratégicos del país sin hacer públicos los procedimientos ni los contratos de compra-venta de los mismos, así como tampoco consultar al pueblo de México a pesar de ser recursos públicos, mucho menos se informó del destino de los ingresos obtenidos por su comercialización, para lo cual realizaron paquetes legislativos, no sólo con el fin de privatizar los recursos, sino además para modificar las leyes penales y las relativas a la disciplina administrativa en su favor. A la fecha se desconoce que exista investigación y mucho menos un juicio por los malos manejos.
Continúo Ernesto Zedillo con la privatización de los recursos públicos y socializando las pérdidas. Zedillo da un Golpe de Estado en contra del Poder Judicial (cambió a la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia).

El principal problema que continuó en los siguientes sexenios, fue el manejo absoluto del Ejecutivo respecto de sus contrapesos: el Poder Judicial y el Legislativo.
Lo mismo Fox, que Calderón y Peña, sólo se enriquecieron al igual que a sus familias y allegados, no hay una investigación de las Contralorías o de los representantes sociales, encarnados en los titulares de las diversas procuradurías y sus agentes, respecto de la corrupción, mucho menos un juicio. Incluso los expedientes sobre los procesos de venta se encuentran incompletos o desaparecidos.

En una unidad concertada actuaron para proteger a sus predecesores, en pago de los favores recibidos, para encubrir sus actos y preparándose, también, para administrar los recursos públicos en provecho personal.

Quienes ocuparon puestos clave en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nunca hicieron un pronunciamiento en contra del saqueo, lapidación y robo de los recursos públicos del país, aliados con los medios que hoy se sabe fueron beneficiados, bombardeaban al pueblo con mentiras. Doble desgracia.

El proceder de esos gobiernos, afectaron, evidentemente, los servicios públicos de educación, salud, trabajo, etc. los cuales no estaban dentro de sus prioridades, sólo preocupaban en la medida en que podía haber un nuevo negocio. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos no sólo nos vimos afectados en el aspecto económico, también enfrentamos violencia, algunos directamente y otros, colateralmente, de una forma u otra pasamos a formar parte de las cifras rojas y negras.

La falta de respeto a la vida de las mexicanas y de los mexicanos estuvo más que demostrada con crímenes como el de Aguas Blancas, Acteal, San Salvador Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, entre otros, y ni que decir de la “guerra” contra del narcotráfico.

Los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos estuvieron a la deriva, quienes estuvieron obligados a velar por ellos, los traicionaron. Hoy se pide investigación (es una denuncia) y justicia, las que no se dieron, las que no se han dado y deben repararse esos agravios, que no son menores. Seguro los expresidentes tienen los recursos económicos para enfrentar los procedimientos de investigación y, en su caso, los procesos judiciales, o ¿es acaso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación algún instituto de defensoría de los expresidentes del antiguo régimen?

Los expresidentes no son el pueblo, son una parte… el gobierno debe velar por el bien mayor y no de unos cuantos.
Señores Ministros, no pidan que seamos parte de la simulación, los Derechos Humanos han sido vulnerados, el pueblo mexicano fue la víctima, no los expresidentes.

Silvia Rina Saldaña Martínez