AMLO destapa el fraude a la nación detrás de las supuestas ‘energías limpias’

Cuando se trata de defender intereses extranjeros en territorio mexicanos, no hay mejor “despacho jurídico” que la clase conservadora de nuestro país.

Se desviven por justificar las acciones e inacciones de las empresas foráneas que se encuentran en aprietos, cuando llega al poder un gobierno honesto, que intenta poner orden y frenar el saqueo nacional de que somos víctimas.

En el momento que estamos viviendo, vemos como el presidente López Obrador inicia un proceso de ajuste, en lo que corresponde los contratos que se firmaron durante la etapa neoliberal, para la concesionar la producción y venta de energía eléctrica a empresas extranjeras.
Estas empresas no pagaban impuestos y aparte, reciben subsidio del gobierno federal. Su producción de energía es limitada, pues depende de que haya viento o luz solar, dado que la tecnología que utilizan depende de estos factores. Cuando dejan de producir, la Comisión Federal de Electricidad, suple el resto de la producción que corresponde a dichas empresas.

Toda la energía proveniente de estas compañías extranjeras, es vendida al gobierno mexicano, a precios muy altos. Se trata de un negocio redondo para los empresarios de otras naciones, pero sumamente malo para el gobierno y el pueblo de México.

La nueva administración pública, encabezada por el presidente López Obrador, ha intentado aplicar la Ley, para que las compañías que hasta la fecha han disfrutado de beneficios que no operan en ninguna otra nación del planeta, realicen el pago de los impuestos que les corresponde y modifiquen también su conducta, en lo que corresponde a la responsabilidad que les toca como concesionarios para el suministro de energía eléctrica.

Estas empresas no aceptan ninguna modificación a los contratos firmados y prefieren ir a juicio, antes que llegar a acuerdos con nuestro gobierno mediante el diálogo.

Así ha estado la situación, en lo que corresponde al conflicto que se presenta entre las productoras de energía eléctrica internacionales y el gobierno de la Cuarta Transformación.

Así la encontramos hasta la mañana de este día.

Pero no conocíamos la historia completa. El día de hoy, en respuesta a una pregunta formulada al presidente, nos enteramos de varios elementos adicionales muy importantes.

Los contratos que las compañías de otros países piden sean respetados íntegramente, presentan datos que no concuerdan con lo que originalmente fue licitado y firmado. A esos contratos, productos de una licitación con reglas bien definidas, se les hicieron agregados.
En un segundo documento, se altera el precio pactado para la venta de energía eléctrica al gobierno mexicano. Hasta el momento, de acuerdo a lo dicho por el presidente López Obrador el día de hoy, las alteraciones a los documentos originales, pueden constituir un acto de fraude que implica un daño a la nación.

En este probable delito, estarían involucradas, tanto autoridades mexicanas que firmaron esas modificaciones, como los representantes de las empresas extranjeras que aceptaron la alteración a los contratos licitados.
El modelo de corrupción que imperó durante los treinta y seis años de neoliberalismo, queda ejemplificado con estos contratos que hoy se están conociendo con más detalle.

Los funcionarios públicos neoliberales, convocaban a licitación pública. Ahí se elegía por regla general, a las empresas que gozaban del favor del gobierno en turno. Se firmaba un contrato que se ajustaba a las bases de la licitación. Pero ya cumplidos todos estos requisitos de Ley, se firmaban “en lo oscurito” documentos adicionales que modificaban enteramente las reglas establecidas.
Quienes más han defendido en este momento la causa de las compañías foráneas, inconformes con una transformación del país que implica la erradicación total de la corrupción, son precisamente los grupos neoliberales que se beneficiaron con este tipo de acciones ilegales.
La clase conservadora y sus “medios sicarios”, han intentado golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, argumentando mentirosamente, que se está atentando contra la seguridad empresaria, al intentar modificar “las reglas del juego”, en perjuicio de empresarios que invierten capitales en México.

Los partidos afiliados a los proyectos reaccionarios BOA y FRENA, han hablado de “autoritarismo” y “retorno al nacionalismo”, en defensa de los interese extranjeros.

Han acusado al presidente de desincentivar la inversión privada.

Al no respetar el contenido de los contratos ya firmados, se crea incertidumbre entre los grupos empresariales nacionales y extranjeros.
Para los conservadores, el respeto a cualquier tipo de contrato, es prioritario. No importa si el mismo ha sido alterado de origen. No importa tampoco si los resultados obtenidos al aplicar los términos del convenio, resultan desfavorables a México y a los mexicanos.
Hay que respetar los contratos, sin importar las consecuencias que deriven de su aplicación práctica.

Lo bueno es que en el 2018, el pueblo de este país otorgó su confianza a un nuevo modelo de administración pública, donde la visión empresarial no siempre es compartida. El combate a la corrupción es prioridad para este gobierno.

Los contratos con empresas nacionales o internacionales que afecten en forma negativa los intereses del país, están siendo revisados. La intensión es replantear las bases sobre las que fueron firmados, para hacerlos más equitativos.

En los casos en que se descubre que aparte de las cláusulas leoninas a favor del interés empresarial, hay la probable comisión de un delito que causa daño a la Hacienda Pública, o perjudica el bienestar de los ciudadanos mexicanos, se presentan las demandas legales del caso.
Es lo que está sucediendo en este momento con las compañías que tienen firmados contratos para la generación de energía eléctrica. Estas empresas prefirieron promover una controversia constitucional, en contra de la nueva reglamentación que elimina la corrupción solapada por autoridades neoliberales del pasado. Se niegan a pagar impuestos. Se niegan también a asumir sus costos por generación, subida y envío de energía. Quieren que se respete el contenido de unos contratos donde no tenían obligación alguna y si todos los derechos, privilegios y apoyos posibles.

Las demandas que presentará el gobierno, procederán y cada quién pagará el precio de sus errores.
Lo lamentable aquí, es ver como los mexicanos afiliados a los grupos conservadores BOA y FRENA, así como los “medios sicarios”, se colocan de parte de los intereses extranjeros.

A ellos no les importa el posible fraude en que incurrieron estas empresas. No les importa porque varios de quienes hoy militan en estos grupos, fueron parte del neoliberalismo corrupto que permitió el saqueo nacional.
La Ley en muchas ocasiones es lenta.

“Quizá nos tardemos un año, dos, tres, o hasta cuatro años”, dijo hoy el presidente “pero nunca más se permitirá el robo a la nación, por la vía de la corrupción”.
Y millones de mexicanos apoyamos esa postura cien por ciento mexicana.

Malthus Gamba