En estos últimos 3 años ha resultado evidente que los consejeros principales del INE, no han entendido que el papel de esa institución habría tenido que cambiar, para funcionar como un promotor y guardián de la democracia, en lugar de seguir llevando a cabo el trabajo lamentable para el que fue realmente creado, como un simulador que diera la impresión de que existían procesos democráticos, donde en realidad había trampas e imposiciones en los puestos de elección popular.
La larga carrera de delincuentes electorales que han desempeñado tan eficazmente Córdova y Murayama desde el 2006 y poco después, les impide adoptar una visión por medio de la cual entiendan un proceso democrático real, en el que la decisión de las cosas se encuentra en la voluntad del pueblo.
Se quedaron con la idea de que las votaciones son un mecanismo manipulable para beneficiar a los candidatos impuestos por quienes los pusieron a ellos en sus cargos y cuando la evidencia contundente de las encuestas ha sido contraria a los deseos de sus patrones, se han atrevido a cancelar candidaturas aplicando las trampas más burdas que pueden encontrar para hacerlo.
Lejos de transformarse en los funcionarios imparciales y honestos que hoy necesita la democracia mexicana para seguir impulsando su avance hacia el futuro, se han encargado de ponerle todas las piedras posibles en el camino, disfrazando sus porquerías con subterfugios legaloides.
Han amordazado al gobierno para que no pueda siquiera informar sobre su trabajo, se han burlado hasta el cansancio de los ciudadanos, permitiendo que sus candidatos favoritos violen todos los principios legales de los procesos de elección, han desobedecido las instrucciones que reciben de quienes los regulan, e incluso han violado la constitución al negarse sistemáticamente a llevar a cabo el trabajo para el que fueron contratados.
Se han querido erigir en el poder de los poderes actuando como si no tuvieran que darle cuentas a nadie, se han amparado en contra de las leyes que regulan los ingresos de los funcionarios públicos, porque para ellos ganar menos de lo que gana el presidente de la República es inaceptable.
Hoy son el mejor ejemplo y el vivo retrato de la hipocresía que coquetea con el cinismo, que juega en esas dos canchas; representan exactamente lo que la mayoría de los mexicanos detestamos como funcionarios corruptos, arrogantes e inútiles que hemos tenido que sufrir durante décadas y que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando.
El colmo fue que todas las autoridades competentes haya tenido que emitir resoluciones para obligarlos a hacer su trabajo en el proceso de consulta para la revocación o ratificación de mandato del presidente y que incluso después de esto, sigan sin hacerlo como se les ordenó y estén violando la constitución del país flagrantemente y a los ojos de todos.
La ciudadanía lleva 2 años emitiendo a los 4 vientos el clamor popular para que se les enjuicie y se les retire de los cargos que no desempeñan, pero de los que cobran como si lo hicieran bien.
Hoy por fin la cámara de diputados ha tomado 2 decisiones que ponen en su lugar a estos delincuentes electorales y que se orientan a retirarlos de sus cargos para que dejen de dañar la vida pública del país. En un decreto liberan al presidente de la República y a todos los funcionarios para que puedan promover el proceso de consulta sobre la revocación de mandato, dejando sin efecto cualquier disposición mafiosa emitida por estas alimañas. En otro proceso inician las actividades para someterlos a un juicio político que por fin los destituya e inhabilite para evitar su torcida participación en el gobierno. Con esto y la reforma electoral que está por llegar al congreso, podremos librar el último obstáculo que existe entre la democracia y la vida pública de México.
Como dijo el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”.
