Cada ataque desde los medios, ha sido enfrentado con más organización, más movilización popular y más compromiso con los principios de morena y la 4T
En los últimos años, el Gobierno de México encabezado por el movimiento de la Cuarta Transformación, con el Presidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta, ha sido víctima de un asedio sin precedentes.
Este cerco se manifiesta en múltiples frentes: desde actores internacionales con intereses geopolíticos contrarios al nuevo modelo de desarrollo soberano, hasta élites económicas, grupos de poder fáctico, medios de comunicación aliados con el conservadurismo, así como expresiones del crimen organizado que buscan desestabilizar y sembrar el miedo.
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El asesinato de dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, es una señal inequívoca de este embate brutal que busca frenar, a toda costa, el avance de un proyecto de país basado en la justicia social, la soberanía nacional y el combate a la corrupción.
Desde el extranjero, particularmente desde centros de poder financiero y diplomático que ven en México una pieza estratégica, han aumentado las voces y acciones que buscan desacreditar a la 4T. Organismos internacionales supuestamente “neutrales” emiten informes tendenciosos sobre derechos humanos o democracia electoral, ignorando los avances sustanciales en derechos sociales y transparencia. Medios como The Economist, The New York Times o El País han asumido una postura editorial hostil contra el gobierno, reproduciendo narrativas sin evidencia que retratan a México como un Estado en retroceso democrático, sin considerar el respaldo popular masivo con el que cuenta.
Este cerco internacional responde al temor de que el modelo mexicano de transformación con un Estado fuerte, políticas redistribuidas y recuperación del control sobre sectores estratégicos busquen que no se consolide como un referente para otros países del Sur Global. La renacionalización del litio, la cancelación de privilegios a grandes corporaciones, y la redefinición de la relación con Estados Unidos en términos más igualitarios son vistas como amenazas por quienes siempre se han beneficiado de un México subordinado.
A nivel interno, el acoso al gobierno proviene de una conjunción de actores acostumbrados a los privilegios y a controlar el país desde la trastienda. Ex presidentes, empresarios coludidos con el antiguo régimen y políticos corruptos han emprendido una campaña permanente de desinformación y desprestigio, utilizando a los grandes medios como punta de lanza. Televisoras, radiodifusoras, periódicos y plataformas digitales replican sin cesar una narrativa de “autoritarismo”, “militarización” o “colapso institucional”, sin contrastar datos ni mostrar los avances sociales innegables: pensiones universales, becas educativas, aumento al salario mínimo, inversión en infraestructura para el sur, entre otros.
La coalición opositora, sin proyecto ni liderazgo legítimo, ha optado por la estrategia de la desestabilización. Presentan controversias constitucionales ante la Suprema Corte, utilizan al Instituto Nacional Electoral (INE) para obstaculizar reformas populares, y promueven la judicialización de decisiones políticas legítimas. El aparato judicial, aún en manos del viejo régimen, se convierte en cómplice del asedio, como lo demuestran las decisiones contra reformas energéticas, electorales o de seguridad.
El hecho más doloroso y condenable de este cerco es el uso de la violencia política para frenar el avance. El reciente asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, es un golpe cobarde y artero que no puede entenderse sino como parte de una estrategia para infundir miedo, debilitar liderazgos territoriales y sembrar caos en pleno proceso de consolidación de gobiernos de izquierda.
Este crimen no es aislado, especialmente en zonas donde el narco intenta recuperar el control territorial perdido por las políticas de seguridad del actual gobierno. La violencia electoral y la penetración de actores criminales en estructuras locales son una amenaza real, alimentada por décadas de abandono institucional y complicidades neoliberales. Hoy, cuando se está reconstruyendo el Estado, los grupos criminales se resisten, y en muchos casos, cuentan con el respaldo tácito de sectores que prefieren la violencia al avance de un gobierno popular.
Frente a este asedio, el pueblo de México ha demostrado una vez más su conciencia histórica y su vocación democrática. La elección del 2 de junio de 2024 que otorgó un triunfo contundente a Claudia Sheinbaum y a la mayoría legislativa de Morena es prueba de que la transformación es irreversible. Cada ataque desde los medios, cada sentencia injusta, cada intento de sabotaje, ha sido enfrentado con más organización, más movilización popular y más compromiso con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
El proyecto que hoy encabeza Claudia Sheinbaum tiene claridad, respaldo y rumbo. El asedio, lejos de debilitar, fortalece el espíritu de lucha de millones de mexicanas y mexicanos. La construcción de un México con justicia, equidad y soberanía no será detenida ni por intereses extranjeros, ni por oligarquías internas, ni por el crimen. Al contrario, estos embates confirman que el país avanza por el camino correcto: el de una transformación profunda, democrática y pacífica.
El asesinato de los colaboradores de Clara Brugada no solo es un hecho doloroso, sino también una advertencia: quienes se oponen a la transformación están dispuestos a todo. Pero también es una llamada a la unidad, la organización y la firmeza ideológica del movimiento. Es momento de cerrar filas, defender los logros conquistados y profundizar la transformación que el pueblo ha elegido. Porque como dijo el presidente López Obrador: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
Por: Héctor Zariñana
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