La lucha por acabar con los fideicomisos no ha sido una afrenta a la justicia, sino un acto de congruencia política con el mandato de la Cuarta Transformación
Desde hace décadas, el Poder Judicial de la Federación ha operado como un bastión del conservadurismo y los privilegios heredados del régimen neoliberal. Amparado en un discurso de autonomía, el aparato judicial federal se ha mantenido alejado del escrutinio público y ha sido, en muchos casos, cómplice del saqueo al pueblo de México. Un símbolo de esa desconexión con las verdaderas necesidades sociales son los fideicomisos multimillonarios que durante años sirvieron para sostener lujos insultantes: choferes, seguros médicos privados, bonos, comidas exclusivas y prestaciones fuera de toda lógica en un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza.
En este contexto, la Cuarta Transformación —con la mayoría legislativa de Morena y aliados— dio un paso firme y necesario: extinguir once fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por un monto cercano a los 15 mil millones de pesos. Esta decisión fue presentada por la derecha como un “robo” o “venganza” contra los jueces. Nada más falso. Se trató de una medida legítima, legal y ética, orientada a poner fin a los excesos y a encaminar esos recursos hacia el ISSSTE particularmente al FOVISSSTE tan dañado por el neoliberalismo.
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La derecha política y mediática ha buscado posicionar una narrativa engañosa: la idea de que el Ejecutivo “despojó” al Poder Judicial de sus recursos para someterlo. Esta mentira ha sido replicada por los grandes medios de comunicación, por ministros de la Corte vinculados al viejo régimen y por figuras políticas de oposición que defienden los intereses de la oligarquía judicial. Pero lo que no se dice en estos espacios es que los fideicomisos no eran derechos laborales, ni estaban contemplados en la Constitución como garantías individuales. Eran estructuras financieras opacas, muchas veces sin justificación, que servían para blindar privilegios.
El verdadero “robo” ha sido el que el Poder Judicial ha cometido durante años al fallar a favor de grandes empresarios y contra los intereses de los trabajadores, al liberar criminales de cuello blanco, y al frenar reformas esenciales promovidas por gobiernos populares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dominada por una élite conservadora, ha sido utilizada como muro de contención contra el avance de la justicia social y la democratización del país.
En medio de esta disputa, la ministra Lenia Batres Guadarrama ha desempeñado un papel crucial. Su llegada a la Suprema Corte ha significado una bocanada de aire fresco. Con claridad, valentía y un profundo compromiso con el pueblo, ha explicado, una y otra vez, que la extinción de fideicomisos no vulnera los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sino que limita los privilegios que una cúpula se ha negado a soltar.
Por ello, Lenia Batres ha sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes. Medios como Latinus, Reforma o El Universal, columnistas conservadores y figuras del viejo PRI y PAN han intentado caricaturizar su labor, cuestionar su capacidad técnica y desacreditar su independencia. Pero su pecado, en realidad, ha sido evidenciar los vicios de una élite judicial que teme perder sus privilegios.
Sus intervenciones en sesiones públicas del Pleno de la Corte son prueba de su integridad intelectual. Con argumentos sólidos, con apego a la Constitución y con una visión humanista del derecho, Batres ha confrontado a sus colegas, ha defendido las causas populares y ha reiterado que el Poder Judicial debe servir al pueblo y no a las élites económicas.
La mentira sobre el “robo” de los fideicomisos es parte de una batalla más amplia: la defensa de un orden corrupto frente al proceso histórico de transformación que vive México. La derecha teme perder no sólo recursos, sino el control sobre un poder clave para preservar sus intereses. Por ello, ataca con furia cualquier intento de democratización de la justicia.
Pero la sociedad mexicana está despertando. Hoy más que nunca, el pueblo exige una Corte que escuche al país profundo, que defienda los derechos colectivos, que se vincule con los sectores populares y que deje de actuar como un enclave autoritario. En esa ruta, la figura de Lenia Batres representa no sólo la esperanza de una justicia más justa, sino la confirmación de que sí es posible transformar al Estado desde adentro, sin claudicar a los principios.
La lucha por acabar con los fideicomisos no ha sido una afrenta a la justicia, sino un acto de congruencia política con el mandato de la Cuarta Transformación. Y quienes como Lenia Batres han levantado la voz, merecen no sólo nuestro respaldo, sino el reconocimiento como Ministra del Pueblo, porque han puesto su vocación al servicio de los más pobres, los más olvidados y los más agraviados por un sistema judicial históricamente excluyente.
Por: Héctor Zariñana
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