Un tribunal federal ordena reposición de audiencia a Lozoya, para determinar si lleva proceso en libertad
Un tribunal federal aprobó la apelación interpuesta por la defensa de Emilio Lozoya y ordenó la reposición de la audiencia en que le fue dictada prisión preventiva, con lo que el juez de control deberá determinar nuevamente si se le concede el beneficio de llevar el proceso en libertad, aunque con medidas precautorias para evitar su fuga.
Mañana miércoles, a las 13:30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, se deberá realizar la audiencia en donde se analizará la apelación que realizó el ex funcionario, a quien desde el 3 de noviembre pasado le fue dictada prisión preventiva en el juicio que enfrenta por los sobornos de Odebrecht, así como los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, a efecto de que se resuelva si es procedente dejarlo en prisión preventiva o recupera la libertad.
Cabe recordar que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había obtenido la modificación de la medida que lo mantenía en prisión por el caso Agronitrogenados para llevar ese asunto en libertad, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya presentó un recurso de apelación que deberá ser resuelto antes.
Y es de esperar que las autoridades correspondientes hagan lo mismo en caso de que el juez de control le conceda la razón a Lozoya por el caso Odebrecht.
Emilio Lozoya busca enfrentar sus procesos en libertad, cuando está en puerta para ser llevado a un juicio oral, en ambos procesos que enfrenta. Los delitos que se le imputan son asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el día de hoy, la defensa del ex funcionario no ha logrado conseguir un criterio de oportunidad al no haber cumplido con los requisitos impuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las autoridades sostienen que en las causas penales iniciadas contra diversos implicados en Odebrecht, que el objetivo principal fue beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas a la constructora brasileña en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana.