El día de ayer trascendió que la Fiscalía General de la República, había conseguido que un juez federal girara una orden de aprensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy conocido como Francisco G, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos por los que previamente había sido desaforado por la Cámara de Diputados.
Inmediatamente después, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el doctor Santiago Nieto informó que ya había dado la orden de bloquear las cuentas bancarias de Francisco G, de 11 personas físicas y de 28 personas morales más.
Por la noche también nos hicieron saber que el Instituto Nacional de Migración, había emitido una alerta migratoria, con base en la cual las autoridades de esa dependencia, estarían a la espera de que el imputado cruzara las fronteras del país para detenerlo, conforme a la orden de aprensión que tiene en su contra.
Hoy por la mañana nos enteramos en la conferencia matutina del Presidente de la República, de que el Bureau de Investigación Federal de los Estados Unidos o FBI por sus siglas en inglés, había enviado un comunicado dirigido al doctor Santiago Nieto, en el que le informa que tiene a García Cabeza de Vaca y a 5 de sus familiares, en una lista que los señala como miembros de una red internacional de lavado de dinero y que se encuentra investigándolos por esta causa.
Adicionalmente, otra vez la Fiscalía General de la República, nos hizo saber que ya está solicitando una ficha roja para que la Interpol busque y detenga a Cabeza de Vaca, en todos los países del mundo para fines de extradición.
Es algo sin precedente que resulta inaudito, el hecho de que este sujeto que hoy anda a salto de mata y a quien hasta la fecha se le han encontrado más de 900 millones de pesos, solo en propiedades, continúe siendo gobernador del Estado de Tamaulipas por decisión de su Congreso Estatal, después de haberse negado a sustituirlo, cometiendo un desacato a la decisión del Congreso Federal, que puede desembocar hasta en que el Senado dicte la desaparición de poderes en ese Estado y nombre un gobernador interino para convocar a nuevas elecciones de gobernador.
Nunca habíamos sido testigos de que por sigilo procesal, las autoridades judiciales del país no pudieran publicar el nombre completo de un gobernador en funciones y a cambio se tengan que referir a él como Francisco G.
A todo esto, en lugar de comparecer ante la autoridad que lo reclama para probar la inocencia que siempre ha pregonado, este individuo hoy conocido como Francisco G, decide impugnar a distancia la resolución de un ministro de la Corte, por medio de la cual rechazó su solicitud de amparo en contra de su desafuero.
Si en este momento en México no estuviéramos en medio de un proceso electoral muy importante, no se entendería que salgan a las redes sociales los ejércitos de bots y troles contratados por la oposición, a defender el saqueo perpetrado por un delincuente prófugo.
No hay un ciudadano que no se haya beneficiado, o que no se esté beneficiando actualmente con las redes de delincuencia utilizadas por Francisco G para volverse multimillonario, que en sus cinco sentidos y con dos dedos de frente, se atreva a defender a un criminal cuyos delitos han sido evidenciados y por los que se encuentra huyendo de la justicia a salto de mata por el mundo. Por supuesto que esta descripción incluye a los panistas, priistas, perredistas y alguno que otro militante de Movimiento Ciudadano. Por lo pronto este individuo no vuelve a dormir tranquilo en mucho tiempo.
Como dice el proverbio budista: “Lo que vivimos es un reflejo de cómo hemos vivido”.
