Tras dichos de Lozoya sobre sobornos para aprobar Reforma Energética, ¿Se puede revertir?

El escándalo de corrupción desatado por la primera declaración de Emilio Lozoya en España, retransmitido por varios medios de difusión mexicanos, que lo aderezaron con declaraciones de testigos ocultos, quienes aparecieron para narrar a distintos periodistas sus experiencias vividas cerca de este personaje, ha cimbrado con fuerza la escena política nacional.

Seguramente las réplicas de este terremoto, se darán, y muy probablemente con mayor fuerza de lo que se sintió en la primera sacudida.

Sin embargo, a pesar de que la opinión pública se concentrará en los personajes sobornados, las cantidades recibidas, los procesos judiciales que se deberán abrir en su contra, y en el tema toral de la corrupción que debe desterrarse, hay otros temas en el mismísimo epicentro del proceso, que constituyen el fondo de la hoya de Lozoya.

Si en efecto, como parece comprobar la incipiente evidencia inicial que hasta hoy conocemos, la reforma energética y los más de 170 contratos de concesión para la explotación petrolera que se entregaron a empresas y consorcios privados, fueron producto derivado de todos estos actos de corrupción generalizada en el Congreso de la República y en el gobierno federal de esa época.

¿Qué va a suceder con todos esos contratos y con la reforma en general, una vez que sabemos que es hija fundamentalmente de la corrupción?

Aunque este parece ser un tema complicado desde el punto de vista jurídico, varios abogados especialistas en estos asuntos parecen coincidir en dos cosas:

La primera es que en efecto, si se comprueba que la reforma energética derivó de los actos de corrupción, sería factible revertirla, pero como fue producto de una modificación constitucional, no basta con tratar solamente de cancelarla, sino que sería necesario presentar otra reforma ante el Congreso para que se apruebe, y de esta forma, la anterior quede cancelada. Algo similar a lo que sucedió con la reforma educativa.

La segunda, es que los derechos adquiridos por las empresas que recibieron concesiones, no se pueden afectar, a menos que se comprueben actos de corrupción directamente relacionados con contratos específicos; es decir, que si se comprueba que uno de esos contratos implicó actos de corrupción para celebrarlo, podrían ser cancelados caso por caso.

Por otro lado, llevar a cabo una revisión de cada contrato sería útil, para entender qué están haciendo con las concesiones aquellas empresas que las recibieron, y por qué razón no han cumplido con la producción de petróleo a la que se comprometieron, ya que aparentemente lo que si han hecho, es especular con los contratos de concesión en el mercado financiero internacional

Así que mientras el terremoto político provocado por este asunto, continúe con las fuertes réplicas que se avecinan, y a medida de que nos vayamos enterando de los nombres de todos los que fueron centaveados por Lozoya y su pandilla, los técnicos del gobierno estarán realizando un trabajo de fondo muy fino, para intentar corregir el saqueo de una quinta parte de las reservas petroleras de México, que las empresas privadas recibieron de manos de esta bola de coyotes corruptos.

Como dice la cantante Joan Baez: “Si no peleas para acabar con la corrupción, acabarás formando parte de ella”