Se acabó el respeto basado en el miedo

La historia del espionaje en México se remonta hasta los inicios de nuestra vida independiente. Al principio esa función junto con la de conspiración, fue realizada durante muchos años principalmente por los políticos mexicanos, en su mayoría conservadores o liberales “moderados”, durante la revolución y después de ella, México fue territorio libre para los agentes de gobiernos extranjeros que actuaron con toda libertad e impunidad.

Así por ejemplo entre 1824 y 1836, Lorenzo de Zavala pasó por ser legislador y gobernador del Estado de México, para terminar como vicepresidente de la nueva nación texana una vez que esta se separó, ayudando a la conspiración que hizo posible la independencia de Texas, a cambio de terrenos ubicados en el que hoy es un Estado sureño de la Unión Americana.

Más adelante en 1863, Juan Nepomuceno Almonte pasó de ser hijo del libertador José María Morelos y Pavón, a conspirar y formar parte de la delegación de 9 conservadores mexicanos que llegaron al castillo de Miramar para invitar a Maximiliano a gobernar México como emperador.

Después del porfiriato, con el inicio de la Primera Guerra Mundial y la participación que convirtió a los Estados Unidos en una potencia planetaria, entre 1914 y 1918, el territorio mexicano se convirtió en zona libre para el espionaje con la intervención de todo tipo de agentes enviados por las potencias en conflicto, que actuaron libre e impunemente a lo largo y ancho del país, recabando información, transmitiéndola, creando infraestructura para hacerlo, negociando con el gobierno tratos oscuros y cometiendo todo tipo de ilegalidades, como nos lo narra Frederick Katz en su libro La Guerra Secreta en México.

En el México posrevolucionario, esta costumbre se equiparó a una ley no escrita, con un amplio predominio de agentes enviados por distintas dependencias de los Estados Unidos, para no solamente recabar información en nuestro territorio, sino incluso para operar y dirigir operativos en combinación con el gobierno mexicano, violando así flagrantemente la soberanía de la nación.

El colmo fue el período comprendido entre los años 60s y 70s, en los que dos presidentes de México, Díaz Ordaz y Echeverría estaban registrados personalmente como agentes informantes de la CIA con los nombres clave LITEMPO 2 y LITEMPO 8 respectivamente, y la cereza del pastel la puso el gobierno del Carnicero de Morelia, Felipe Calderón, autorizando la operación Rápido y Furioso, para entregar en secreto armas a los narcotraficantes que mataban a la sociedad civil.

Así terminamos con 15 millones de armas ilegales en nuestro territorio en manos de criminales, que entraron por Estados Unidos durante los últimos 12 años, con una batería de acuerdos firmados entre México y los Estados Unidos que sólo eran respetados por nosotros y la soberanía colgada como cuadro decorativo en la pared del sanitario de Peña Nieto.

Esta permisibilidad terminó con el arresto de Cienfuegos en Los Ángeles, ejecutado sin tomar en cuenta los tratados firmados con México. El gobierno mexicano protestó por el tratamiento colonial que nos han venido dando y que ha sido así durante más de 100 años, lo que motivó una reacción congruente de las autoridades estadounidenses, poniendo a Cienfuegos a disposición de las autoridades mexicanas.

La semana pasada el Presidente López Obrador mandó una iniciativa al Senado, para regular la presencia y actividad de los agentes extranjeros en nuestro territorio, con lineamientos claros, la obligación de informes mensuales y de autorización previa por tiempo limitado. Por fin estamos dejando de ser el patio trasero de los Estados Unidos, para consolidarnos como su principal socio comercial, soberano y respetable.

Como dijo el escritor y filósofo francés nacido en Argelia, Albert Camus: “Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo”.