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Conforme se ha ido conociendo el detalle de las reuniones que la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, tuvo con diversos funcionarios mexicanos y con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha revelado que las preocupaciones que tiene el gobierno norteamericano no se refieren al total del contenido de la Reforma Energética, sino solamente a dos proyectos específicos contemplados en ella: la reducción de la participación privada en la generación de energía eléctrica y el cierre de terminales de almacenamiento de gasolinas.

Durante la reunión con el Jefe del Estado mexicano, Granholm expresó, de manera muy cuidadosa de no intervenir en las decisiones soberanas de nuestro país, su preocupación sobre esos proyectos particulares del plan de desarrollo de energía, razón por la cual el primer mandatario procedió a explicarle las motivaciones e intenciones de la Reforma.

López Obrador aclaró a Granholm que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, enterándose así de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero nunca las hicieron, porque el negocio era comprar el gas, muy posiblemente para las empresas de la iniciativa privada, por lo cual la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

También se puso sobre la mesa la estrategia de quienes desde las empresas privadas que producen energía eléctrica y que se dicen de autoabasto, en realidad han hecho un negocio de la venta de energía eléctrica y que cancelar o modificar los contratos establecidos bajo ese concepto, pueden traer consigo numerosos recursos legales y paneles de arbitraje, pero que la idea es evitar la simulación, es decir, que las empresas tengan lo suficiente para el autoabasto, pero sólo para ese propósito.

Por otro lado, en cuanto al cierre de terminales de almacenamiento de gasolinas como consecuencia de la disminución de importación de gasolinas, Granholm señaló, antes de conocer la motivación de esa desición, que el gobierno norteamericano podría considerarlo una medida arbitraria que potencialmente podría provocar pérdidas a las empresas privadas que ahora mantienen ese negocio.

Por lo demás, quedó claramente establecido que la reforma eléctrica mexicana no será mal vista por el gobierno de Biden, y consideran muy acertado el establecimiento de un mecanismo en el que las partes puedan exponer sus razones.