Otra de jueces
Héctor Atarrabia
El 18 de agosto se realizó la marcha contra los jueces corruptos, fue una manifestación de descontento con el poder judicial, el comportamiento de sus integrantes, el rechazo a su ineficacia y las complicidades que lo permean deteniendo no solo el avance del país, sino la búsqueda de seguridad, igualdad jurídica que consagra la Constitución y el goce de plenos derechos para la ciudadanía.
Se ha hecho más que evidente que es posible lograr “amparos” contra lo que sea, a condición de que tengas el dinero, los amigos y la pertenencia a grupos de poder necesarios. También es claro que, según la versión de connotados prianistas, todos los desaguisados ocurren por “carpetas mal integradas”. Lo que sea que eso signifique. Y es que, un juez, a propio criterio, puede calificar cualquier parte de una carpeta como “mal integrada”. Peor, he visto resoluciones cuya argumentación completa, cada punto de la tesis, favorece a una de las partes, pero la sentencia se da a favor de la otra. No es necesario aclarar cuál era la más vulnerable de inicio.
¿Ocurre en todos los casos? No, hay muchas pequeñas actuaciones judiciales en donde ambas partes no tienen recursos, o, al menos, no tienen recursos desiguales.
La Justicia, es representada por una mujer que, con los ojos vendados, lleva en una mano una balanza, y en la otra una espada, ello se debe a que, como principio fundamental, no debe “ver” quién es el demandante ni el acusado, su riqueza, su cuna ni su entorno; debe sopesar las pruebas en términos de la ley; y debe aplicar la ley sin miramientos.
Eso, claramente, no tiene relación alguna con nuestra realidad. Los jueces parecen estar demasiado atentos a quién tiene más recursos, qué apellido lleva, a qué grupo de poder pertenece. Aplica algún remedo de ley y, si es posible, mejor algún subterfugio que permita interpretar la ley a modo. Y, claro, el problema es: qué es esa ley, a quién protege, a quién sirve. Quién la redactó.
Los jueces actúan así, sobre todo debido a que ellos mismos, y esto es más probable mientras más alto sea su puesto, pertenecen a esos mismos grupos de poder, o tienen ciertos lazos familiares, o abultadas fortunas familiares. Y la ley dejó de ser justa, porque la vienen redactando personas de esos mismos entornos o sus personeros y lacayos.
La ley, como ente abstracto que tanto nos insisten que hay que obedecer ciegamente, y como ente concreto escrito en papel oficial al que hoy veneran sus beneficiarios quienes se llenan la boca de acusaciones de ilegalidad, al mismo tiempo que cometen toda clase de atropellos, sabiéndose impunes gracias al perverso círculo ya descrito; la ley, digo, tiene un origen y una redacción. La ley que escribieron los reyes, eran ordenanzas de obediencia; la de la democracia griega, era de convivencia y fuerza para los magnates iguales ante ella, no para el bajo pueblo; la de los monarcas absolutistas, legalizaba el abuso y la concentración de poder. Pero la ley emanada de diversas revoluciones populares fue creando Principios Humanísticos. O sea, cada vez que el pueblo ha podido acceder a la redacción de la ley, esta ha respondido más cercanamente a la conveniencia e ideales de las mayorías.
Eso asquea al sátrapa, al poderoso, al oligarca, que desea leyes para su solaz y su enriquecimiento personal. Y, para blindarlo, alejaron al aparato institucional que ejerce la justicia de la posibilidad de ser “contaminado” por el pueblo.
Durante los años del neoliberalismo, el oligarca tuvo a su merced el legislativo, que creó toda clase de leyes y normas, cambiando incluso la Constitución, para mejor satisfacer su voraz codicia. Y, blindado de la participación popular, copó las altas esferas del poder judicial, y colmó de sus lacayos a los escalones más bajos. Para mayor seguridad, creó un virtual cuarto poder (ya lo habían hecho en el siglo XIX) esta vez llamado “autonomía” donde ubicó asuntos más delicados sobre los que no quiere perder el control: Institutos, fiscalías y otros organismos.
Para separar efectivamente el poder económico del poder político, combatir eficazmente la corrupción, la inseguridad y la pobreza, o sea, para concretar la cuarta transformación, es necesario desmontar esta trampa. Legislar para el pueblo, para la conveniencia de la mayoría; desmontar esta burda farsa de poder judicial y hacerlo proceder de las urnas para obligarlo a cumplir con los ideales de Justicia ya comentados; revisar las autonomías, todas, y democratizarlas.
No podemos darnos el lujo de pactar en estos temas, ni de posponerlos eternamente, pues de ello depende cualquier posible intento de tener el gran país que cada mexicano merece.
©HéctorAtarrabia2019
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