Monreal estalla contra Layda Sansores por desobedecer amparo y anuncia que exigirá su desafuero
Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores exhibiera información en el programa “Los Martes del Jaguar” del senador de Morena, Ricardo Monreal.
Y es que el día de ayer, un juez concedió un amparo al senador de morena para evitar que la gobernadora de Campeche exhibiera material comprometedor en su contra. Sin embargo, la morenista habló de el ex gobernador de Zacatecas. Ante esto, el senador la llamó delincuente.
“Una delincuente”, dijo Ricardo Monreal al denunciar que la gobernadora violó un amparo que le impedía publicar información sobre el senador en el Martes del Jaguar.
“Exigimos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad”, publicó en su cuenta de Twitter.
Además, el legislador sugirió que Layda Sansores actuó para favorecer a Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024.
“Claudia, frena tu jauría; no más división”, dijo.
Ayer por la noche, en el martes del jaguar, la gobernadora de Campeche arremetió exhibió propiedades de Ricardo Monreal. Y negó que ella tenga 83 propiedades como se aseguró en el programa Miércoles del León, conducido por Alejandro Rojas Díaz Durán, un ‘fiel’ colaborador de Ricardo Monreal.
En contraparte, la mandataria dijo que Monreal sí cuenta con 48 inmuebles y un terreno de 783 hectáreas.
Sansores tildó a la ‘corcholata’ presidencial de Morena de hipócrita, pues en su declaración patrimonial no declara lo que tiene e incluso dice que no tiene ni coche.
“Se debe de armar de valor y decirle la verdad al pueblo de México”, agregó.
Ricardo no es el único de los Monreal con los que Sansores tiene problemas: Por el delito de ultraje a las insignias del estado de Zacatecas, Saúl Monreal, hermano del senador, inicio una denuncia penal en contra de la gobernadora.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
El alcalde de Fresnillo precisó que el Código Penal establece una pena de prisión de hasta dos años a quien ultraje las insignias del Estado o sus municipios.