Ley de la Industria Eléctrica y división de poderes

Por: Ricardo V. Santes-Álvarez
@RicSantes

Durante el martes 23 y miércoles 24 de febrero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, discutió y aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que, en sustancia, reposiciona a la Comisión Federal de Electricidad como entidad prioritaria para el despacho de energía. La semana siguiente, el Senado de la República desahogó de similar manera la citada reforma. El trámite no tuvo camino pavimentado en esos escenarios, dado que las bancadas partidistas opositoras argumentaron que iba en contra del fomento de las energías limpias las que, en su perspectiva, son ofrecidas solamente por las empresas privadas; en adición, expresaron que atentaba contra la libre competencia en el sector.

Con todo, la reforma pasó, permitiendo al Estado mexicano tener nuevamente la función rectora y de planeación del área eléctrica, para con ello garantizar la seguridad energética. Quedó así en manos del Ejecutivo, para los efectos constitucionales de mérito. El martes 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la nueva LIE luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor al día siguiente.

Sin embargo, dejar atrás la anterior normativa surgida de las reformas estructurales del peñanietismo no iba a ser algo sencillo. Para nada. Empresas influyentes, con actividad en ese rubro, no estuvieron conformes con las modificaciones. Se sintieron amenazadas, a la vez que desplazadas de los privilegios que gozaron con el antiguo régimen, donde figuraron como actores principales en el despacho de la electricidad. Ya con anterioridad habían anunciado que tomarían medidas para defender “sus derechos”. Lo hicieron.

El jueves 11 de marzo, un día después de entrada en vigor de la LIE (sí, apenas un día), un juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, ordenó su suspensión provisional. Pese a que sólo dos empresas presentaron amparo, ordenó que la medida tuviese efectos generales, es decir que aplique por igual efecto a todos los participantes de la industria, a fin de no promover ventajas competitivas ni distorsionar el mercado. En esta semana, el mismo funcionario obsequió suspensiones adicionales. Y la cosa no paró ahí: otro juez, Rodrigo de la Peza, se sumó a la oleada de amparos, a la luz de iguales argumentos. A la fecha, se informa de más de una veintena de amparos alrededor del asunto. Los juzgadores privilegiaron criterios económicos para beneficio de grupos particulares y obviaron otros que se inclinasen en favor del interés general, como seguridad energética y nacional; en breve, soslayaron la soberanía del país.

La cuestión no está decidida; tendrán que conocerla instancias jurídicas superiores para determinar la constitucionalidad de la ley. Empero, en términos políticos deja en claro que el dictamen de un par (hasta ahora) de miembros del poder judicial puede estar por encima de las decisiones tomadas en el seno de los otros poderes. En otras palabras, dos funcionarios que no fueron elegidos por los ciudadanos y por ende no los representan, pretenden imponer su criterio sobre la decisión de quienes son efectivamente representantes legales y legítimos de la ciudadanía: 289 diputados y 68 senadores que votaron a favor de la LIE (mayoritariamente en ambas cámaras), amén del presidente de la República. Olvida esa dupla que en 2018 millones de mexicanos decidieron, finalmente, que el rumbo de la Nación debía ser otro y que para ello era imprescindible transformar la vida pública en todos sus ámbitos.

En “la mañanera” del lunes 15, cuando escasamente se sabía de la resolución de Gómez Fierro, el licenciado López Obrador leyó una carta que, dijo, había enviado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, donde le solicitaba determinar e informar si al juez de marras “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”. Pidió, además, “que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del Juez […] en este episodio”.

López Obrador no perdió la oportunidad de refrendar su lucha contra las prácticas inherentes a una relación perversa entre los intereses político y económico al afirmar que en torno al asunto en comento actúan personas “afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo”, afectando la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos.

Sin dilación, el titular de la SCJN respondió. En esencia, afirmó que, “como procede en estos casos”, turnaría la queja “al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal”, para que, en caso de existir motivo, se procediera en consecuencia. En síntesis, nada fuera de la normalidad; la contestación se dio en los términos propios de la investidura jurídica y civilidad que caracteriza al representante de un poder judicial autónomo.

Pese a ello, algunos comentócratas pretendieron amarrar navajas, alegando que la misiva presidencial implicaba más una orden que una solicitud; es más, significaba la amenaza de un autoritario a un débil ministro. Proyectaban su encono al gobierno mediante sesgada interpretación del intercambio epistolar… en fin, era su “hora de opinar”, y opinaron.

Poco se sopesa que la carta significa un acto político del jefe del Estado mexicano de cara a la Nación, inédito en nuestra incipiente democracia. Demuestra que las llamadas telefónicas, los manotazos y las órdenes viscerales del Ejecutivo, rasgos típicos del presidencialismo déspota, quedaron atrás. “Lo público tiene que ser cada vez más público” se ha escuchado hasta el cansancio en las mañaneras, y en eso el ministro Zaldívar Lelo de Larrea se nota muy de acuerdo, pues su respuesta también fue pública.

Se espera, entonces, que el Consejo de la Judicatura Federal se manifieste pronto de cara a la petición recibida, y extienda su examen hacia otros funcionarios, como Rodrigo de la Peza. Paralelamente, que el Ejecutivo recurra a las vías legales pertinentes para combatir todas las suspensiones de la LIE emitidas por esos jueces. Se esperaría también que los legisladores que respaldaron la reforma le defendiesen. La soberanía de México en materia energética y su propio avance democrático, están en juego.