Por. Diego Iván López Miguel
Twitter: @DiegoI_Lopez
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de traición a la patria y cohecho por el caso Odebrecht por otorgar sobornos a legisladores para la aprobación de la Reforma Energética. De acuerdo con el diario Reforma en la orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía señaló a EPN de utilizar su cargo como servidor público para cometer delitos y usó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y al mismo Videgaray Caso para llevarlos a cabo.
La noticia cimbró a la opinión pública del país, es la primera acusación formal hacia un expresidente por traición a la patria. En México existen pocas vías para abrir un proceso en contra de un primer mandatario. De acuerdo con el Artículo 123 del Capítulo I del Título Primero escrito en el Código Penal Federal, mismo que aborda el tema de Delitos Contra la Seguridad de la Nación y Traición a la Patria específica que “se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria”.
De acuerdo con el texto de la FGR, Peña Nieto “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus Reformas Estructurales en materia energética”, aprobada en diciembre de 2013 con el apoyo de los principales partidos políticos de aquel entonces: PRI, PAN y PRD en el “Pacto por México”. El delito de cohecho se habría cometido cuando supuestamente EPN ordenó a Luis Videgaray distribuir 121.5 millones de pesos, entre legisladores del Congreso. Los destinatarios habrían sido el exsenador priísta, David Penchyna y dos exsenadores panistas, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, además del exdiputado federal y excandidato presidencial, Ricardo Anaya.
El juicio a los expresidentes ha sido una de las cartas fuertes para la credibilidad de la 4T, meses atrás el presidente López Obrador llamó a la ciudadanía a organizarse y a juntar firmas para una eventual consulta popular e iniciar un proceso penal en contra de los exmandatarios. El marco jurídico hace difícil una posible acusación a los personajes que estuvieron al frente del país en los últimos treinta años. Pero en el caso específico del Peña Nieto, el cúmulo de diversos casos de corrupción abre la puerta para iniciar diferentes investigaciones en varios frentes en México y en Estados Unidos.
La corrupción e impunidad estuvieron presentes durante el sexenio peñista, desde el icónico caso Ayotzinapa en dónde 43 estudiantes de la Escuela Normal fueron desaparecidos y nunca se pudo esclarecer lo acontecido, hasta la detención en Los Ángeles, California del exsecretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el Gral. Salvador Cienfuegos por supuestos nexos con el narcotráfico. La Estafa Maestra fue también un caso típico del sello priísta en el manejo de los recursos públicos, el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Emilio Zebadúa declaró a la FGR que el hombre fuerte de la administración federal anterior, Luis Videgaray estuvo al frente junto con Rosario Robles de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que sirvió como fachada para el desvío de recursos con fines electorales.
Por su repercusión política y por los niveles que se alcanzó en el congreso mexicano, el caso de Odebrecht acapara la atención del gobierno de la 4T. El financiamiento de la firma brasileña resultó primordial para el regreso del PRI a la presidencia de la República; Enrique Peña llegó a Los Pinos rebasando descaradamente los topes de campaña. El intervencionismo de una empresa extranjera en el proceso electoral mexicano y después en los sobornos realizados para la aprobación de una Reforma Constitucional que va en contra del interés nacional debe considerarse como una “Traición” por parte de los personajes que permitieron y propiciaron dichos acontecimientos.
En la aprobación de la Reforma Energética, el gobierno de EPN cedió una de las joyas geoestratégicas a empresas privadas nacionales y extranjeras. Con el pretexto de la falta de tecnología y de la poca capacidad del Estado mexicano para la extracción de petróleo. Los beneficios de dicha reforma quedaron a la deriva, no se bajaron los costos de la luz, la gasolina, ni de los derivados del hidrocarburo. El beneficio fue exclusivamente para las grandes petroleras anglosajonas, que realizaron negocios millonarios al abrirse el mercado de la industria energética.
Enrique Peña Nieto tendrá un lugar especial en la historia nacional, podría pasar del gran reformador y conciliador que trató de mostrar el aparato mediático a uno de los más grandes traidores de México. La acusación de traición a la patria tendrá que sostenerse a través de un marco jurídico, veremos hasta donde llegará Alejandro Gertz Manero y la FGR; no debemos olvidar que estamos en el inicio del proceso electoral en donde la 4T tratará de consolidar el triunfo obtenido en las urnas hace dos años. ¿Será EPN el primer expresidente juzgado?.
