La revisión de los contratos otorgados por los gobiernos anteriores a grandes corporaciones privadas en materia de energía eléctrica, hidrocarburos y extracción de minerales, nos ha ido revelando la magnitud del atraco que los funcionarios neoliberales fomentaron para que sus cómplices de la oligarquía, llevaran a cabo un saqueo descomunal de las riquezas nacionales.
Si bien esto comenzó a hacerse a partir de 1988, el proceso se fue acelerando a partir de los gobiernos de Fox y Calderón, terminando por legalizarse completamente con la reforma energética de Peña Nieto, la cual se aprobó en una asociación delictuosa denominada Pacto por México, entre el PRI, el PAN y el PRD, lograda por medio de sobornos a sus legisladores corruptos.
Contando con la mayoría en el Congreso para aprobar las reformas que hagan falta, como es el caso en este momento político, el Poder Ejecutivo podría haber optado por elaborar una iniciativa que cancelara la reforma energética extractiva, cuya aprobación compró el gobierno de Peña Nieto a los legisladores corruptos y que estableciera otra en la que protegiera el interés general.
Sin embargo en estos primeros poco más de dos años, el gobierno actual optó por revisar los contratos otorgados por todos estos delincuentes patrimoniales a las corporaciones y diseñó estrategias de negociación y de configuración de leyes particulares, para intentar frenar el proceso de saqueo.
Cada una de las acciones que ha emprendido este gobierno para detener el saqueo han sido enfrentadas por los oligarcas con una resistencia feroz, apoyados en miembros corruptos del poder judicial y en campañas de difusión de desinformación, que buscan confundir a los ciudadanos para desincentivar el apoyo que le otorgamos a las medidas aplicadas por el poder Ejecutivo en estas materias.
Podríamos pensar que una iniciativa que incluyera una nueva reforma energética integral, le habría ahorrado a la sociedad el proceso de desgaste que implica estar haciendo el cambio en cada una de las áreas individuales de la energía y de la extracción minera, sin embargo, la utilidad de haberlo hecho como se hizo, nos permitió a todos conocer las características individuales del saqueo descarado en cada uno de estos sectores de la industria.
En pocas palabras, ha sido un proceso didáctico en el que los ciudadanos nos hemos podido dar cuenta del nivel de rapacidad y de ambición sin medida ni escrúpulo alguno, que se ha aplicado para robarse cada una de las riquezas del país y nos ha permitido tener un debate público sobre cada una de ellas, preparándose así el terreno para que la mayoría de la sociedad pueda conscientemente apoyar o no una reforma energética de proporción integral.
La oligarquía saqueadora que ha vivido del tráfico de influencias durante décadas, también se ha desgastado presentando amparos, contratando campañas de difusión para defender lo indefendible y gastando dinero a manos llenas para montar una resistencia que será inútil e improductiva para ellos, si en el proceso electoral de este año el gobierno federal logra mantener una mayoría de legisladores que la apoyen.
La clave para detener definitivamente el saqueo de las riquezas de nuestro país y de darle continuidad al proceso de transformación que garantice la configuración de instituciones incluyentes, está en lograr elegir una mayoría de legisladores dispuestos a apoyar las leyes y reformas que todavía nos hacen falta para ello, saliendo todos a votar, sin importar lo que digan las encuestas de preferencia electoral. Las elecciones se ganan con votos no con estadísticas.
Como dijo el escritor italiano Pitigrilli: “La estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se presentan en cuadros”.
