La mafia huele a piña

La armadura de secrecía garantizaba la impunidad y los privilegios, en un entorno donde las autoridades jugaban a ser promotores del saqueo generalizado. A partir de que toda la información se hace pública, sin cortapisas en el gobierno de la 4ª transformación, esa coraza se desquebrajó, dejando al descubierto la corrupción generalizada y los contubernios entre traficantes de influencias así como de funcionarios públicos, a lo largo y ancho del país.

A pesar de haberlo inferido sin contar con evidencias claras, muy pocos sabíamos de la magnitud y profundidad que la corrupción del sistema alcanzó realmente en las 4 décadas del neoliberalismo. A la fecha hemos vivido más de 4 años en los que, todos los días, somos testigos de pruebas que nos llevan al límite de la sorpresa y hasta del asco.

El cambio fundamental desde el gobierno consiste hoy en que la corrupción no se tolera. En los ámbitos en los que las leyes permiten actuar, los delitos, los fraudes, el saqueo y la complicidad se persiguen y se castigan, pero esto no es posible dentro del poder judicial, a quien por primera vez se le respeta su autonomía desde el poder ejecutivo.

Antes se le permitía cierta libertad, siempre y cuando su actuación no contraviniera los intereses de los funcionarios corruptos o de los traficantes de influencias que operaban impunemente negocios sucios. Así los jueces podían hacer sus propios negocios al amparo de sus cargos.

En uno de los contrasentidos más aberrantes, los jueces no pueden ser castigados más que por otros jueces, lo que convierte al poder judicial en juez y parte al mismo tiempo, dejando a la sociedad en completo estado de indefensión para luchar en contra de la corrupción judicial.

Hoy, como lo hacen los órganos autónomos que también gozan de un grado muy alto de impunidad, un enorme número de funcionarios del poder judicial que ganan más que el presidente contraviniendo la Constitución, trabajan como taxistas tolerados, protegidos por un amparo para no tener que respetarla.

Este poder corrupto es hoy responsable de haber liberado a más de la mitad de los narcotraficantes y huachicoleros detenidos por la Secretaría de Marina en los últimos 4 años, por ejemplo.

La Suprema Corte ha sido capaz de aprobar un proyecto en el que se cancela la prisión preventiva oficiosa para ladrones que se roban los impuestos a través de la emisión de facturas falsas y estuvo a punto de hacerlo extensivo a los miembros del crimen organizado.

Y mientras se pudren por dentro en un ambiente de corrupción generalizada, la nueva Ministra Presidente de la Corte, esa que tiene como secretario particular al cuñado de Isabel Miranda de Wallace, se da el lujo de quedarse sentada para evitar hacer los honores correspondientes a la investidura presidencial, por no estar de acuerdo con el combate a la corrupción que ha emprendido el presidente, como si una diferencia de opinión fuera razón suficiente para exhibir su falta de respeto a la institución del poder ejecutivo.

Como si manifestarse con una grosería infantiloide de esta índole sirviera para que se les deje de exhibir como corruptos cuando así deba hacerse, como en el reciente caso de Cárdenas Palomino, donde 3 jueces podridos fallaron a favor del desbloqueo de sus cuentas bancarias en un acto aberrante de corrupción evidente.

Por desgracia la única arma con que cuenta hoy la sociedad para hacerles frente, es exhibirlos públicamente, además de intentar presentando quejas y denuncias, que el inútil Consejo de la Judicatura decida que se concrete un milagro y comience a actuar con algo de vergüenza, castigando a algún juez cuyas decisiones sean indefendibles. Mientras esto no suceda, la justicia en México seguirá siendo pura Piña.

Como dijo el escritor español del Siglo de Oro, Pedro Calderón de la Barca: “Juez que ha sido delincuente ¡qué fácilmente perdona!”.