El poder ejecutivo del gobierno federal, lleva 3 años investigando escrupulosamente y presentando evidencias ante la Fiscalía general de la República, a fin de que se integren expedientes que permitan encarcelar a los funcionarios delincuentes y traficantes de influencias que nos han saqueado desde los sexenios anteriores.
Sabemos que por lo menos la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la dirección del SAT, la Secretaría de la Función Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y otras dependencias han aportado grandes cantidades de evidencias a la Fiscalía para estos fines.
Si bien la Fiscalía ha logrado poner tras las rejas a varios personajes impresentables, ha conseguido órdenes de aprensión y fichas rojas de Interpol para perseguir a otros prófugos a fin de encerrarlos y suponemos claro, que está trabajando en la integración de delitos, como el de traición a la patria para llevar ante la justicia a los peces más gordos, después de 36 meses de su gestión quedan muchas dudas sinceras en la percepción pública sobre el trabajo de esta instancia autónoma, en relación con su eficacia para llevar a cabo esta integración y la posterior ejecución de las ordenes de captura que consigue sacarle con tirabuzón a un corrupto poder judicial.
En el sorprendente informe que presentó el fiscal cuando cumplió 100 días de haber tomado el cargo, nos enteramos que existían alrededor de 300 mil denuncias atoradas en esa dependencia del Estado; que se habían acumulado otras 12,500 en esos tres primeros meses, presentadas por el nuevo gobierno, que contaba con más o menos mil Ministerios Públicos Federales con el trabajo mal distribuido y un muy alto nivel de corrupción.
Está muy claro que una situación así requería hacer un trabajo titánico para resolverse y no es cosa de poco tiempo y esfuerzo; hasta la fecha no hemos conocido una actualización de la situación por parte de la Fiscalía que nos permita saber el grado de avance que llevan en la solución de todo esto, pero las dudas más que razonables de la opinión pública tienen que ver más con la disparidad en los resultados que se conocen, que en el trabajo administrativo de la dependencia.
Cómo explicarnos que a un Juan Collado, ex abogado favorito de Peña Nieto y de un sinnúmero de mafiosos más, o que a una corrupta soberbia como Rosario Robles, los hayan podido detener en el acto sin que tuvieran posibilidad de huir y que a otros, como por ejemplo Billy Álvarez, Tomás Zerón o Miguel Alemán Magnani, alguien les haya avisado de su situación para que pudieran huir y retrasar durante años su proceso de encarcelamiento.
Que a un Lozoya, a un Ancira o a un Cárdenas Palomino Interpol si los haya ubicado, mientras a otros no los encuentren, cuando prácticamente todo el mundo sabe dónde están. O que a un Calderón, a un Peña Nieto y a un Videgaray, cuyos expedientes deben ya sumar cientos de miles de páginas, ni siquiera se les haya llamado a declarar para que expliquen sobre los múltiples crímenes que cometieron.
Para agravar aún más la percepción de los ciudadanos, hoy se está ventilando en los medios un caso que involucra rencillas familiares del Fiscal, que estuvo detenido durante más de 4 años y que se resolvió con cárcel para una de sus sobrinas en los primeros días de su gestión al frente de esa dependencia. Sin que se trate de emitir un juicio a la ligera sobre el asunto, en este caso no fue nunca problema la velocidad de actuación de la Fiscalía. La pregunta es ¿Por qué esa misma velocidad de respuesta no se ha aplicado en la mayoría de los asuntos que son prioritarios para los que la ciudadanía vea a sus principales ofensores en la cárcel?
¿Quiénes dentro de esa dependencia del Estado están entorpeciendo el avance de los asuntos que nos urge resolver a todos? ¿Quiénes están dando pitazos a los delincuentes para que puedan huir antes de ser detenidos? ¿Quiénes en 3 años no pueden terminar de integrar los expedientes de delitos cometidos por aquellos que tanto daño nos hicieron a todos en este país?
Nadie quisiera pensar que la meticulosidad pueda ser complicidad simulada, pero la tolerancia del pueblo tiene sus límites. Es tiempo de respuestas y resultados.
Como dijo el historiador inglés Thomas Carlyle: “Para disipar una duda, cualquiera que sea, se necesita una acción”.
