LA CFE Y LA FALSA DISYUNTIVA DE LAS “ENERGÍAS LIMPIAS”

Existe en el público y el parlamentario un fuerte debate por la Iniciativa de Ley enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cambios en la legislación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), redactada para promover un “piso parejo” y una real libre competencia en el sector.

Estos cambios son virulentamente atacados principalmente por los beneficiarios de las inequitativas y ventajosas modificaciones que resultaron de la mal llamada “Reforma Energética”, que obligan a la paraestatal a comprar la energía eléctrica en primer lugar a las empresas privadas, en detrimento de la misma CFE, encareciendo el producto para el usuario final y permitiendo que dichas empresas operen deficientemente y aun así, puedan obtener jugosos beneficios con cargo a la nación.

La CFE informó a la cámara que, de mantenerse el actual esquema de contratos con los productores independientes de energía (PIE), el daño a la nación se calcula en 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios y de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes, factores todos que protegen a los privados con un costo adicional para la CFE.

Tan solo el renglón de subsidios asciende a 249 mil 606 millones de pesos, de los cuales una sola empresa: la trasnacional IBERDROLA obtiene 56 mil 175 millones por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca, que produce una mínima parte de la energía que se requiere, y lo hace de forma intermitente, causando grandes gastos adicionales a la empresa del Estado, al tener que substituir las deficiencias descomunales de esta empresa poco efectiva.

Una y otra vez se ha demostrado la falta de capacidad emprendedora de la llamada “clase empresarial mexicana”, cuya nula innovación fue sustituida con inmorales ventajas otorgadas desde el poder, creando una oligarquía arrogante y sin capacidad competitiva en un verdadero libre mercado.

El conservadurismo nacional presenta un falso debate, argumentando que el gobierno de la cuarta transformación busca nulificar las “energías limpias”, mientras obligan a la CFE a frenar su capacidad de producción hidroeléctrica, geotérmica y otras tecnologías de bajo impacto ecológico, todo en exclusivo beneficio de sistemas y empresas poco eficientes y poco rentables en un esquema competitivo que operan gracias a inmensos subsidios gubernamentales.

Argumenta la oposición que la energía eléctrica aumentaría su costo en función de los precios del carbón y el diésel, como si otros métodos de generación no estuvieran al disponibles de inmediato a la paraestatal, desestimando que las reglas actuales están diseñadas para beneficiar a los generadores privados, a quienes se les paga aun si no producen ni venden electricidad, con un costo de hasta 16 mil millones de pesos para el Estado.

La simulación del sistema de subastas impuesto como parte de la “reforma energética” pretende que entre primero a la red quien proporcione el “precio más bajo”, pero no considera los costos adicionales de las compañías, como el porteo, el respaldo y los servicios auxiliares, obligando a la CFE a correr con esos gastos que por derecho deberían corresponder a quien otorga el servicio, es decir, a la empresa generadora.

Hasta este momento, los subsidios que otorga la CFE son mayoritariamente absorbidos por multimillonarias empresas trasnacionales como IBERDROLA, evitando que el consumidor final tenga algún beneficio de la reforma que prometía electricidad más barata para el hogar, que es precisamente lo que se busca cambiar.

El gran temor que los privados tienen es porque están conscientes de su falta de capacidad para competir en un mercado de iguales oportunidades, arguyendo la creación de un “monopolio de estado”, sin mencionar sus propias prácticas oligopólicas.

Sólo como ejemplo: IBERDROLA constituye una práctica de dumping comercial, pues no subsana los gastos de porteo por 2 mil 600 millones de pesos, por intermediación de contratos legados por 10 mil 75 millones de pesos, ni de ingresos percibidos por suministro básico por 43 mil 500 millones de pesos, delegando todos estos gastos de la propia empresa a la paraestatal.

Evitando estas desaseadas prácticas y legislando para crear en esquema de auténtico libre mercado con una real competencia entre iguales, se calcula que, ahora sí, se podría disminuir el costo de la energía eléctrica para los hogares en un 20 a 30 por ciento, equivalente a una disminución de aproximadamente 140 mil millones de pesos en beneficio directo del bolsillo del pueblo mexicano.