Laura Fernández asumirá la presidencia con Donald Trump y Bukele como referentes centrales de su visión política y de seguridad.
Costa Rica eligió a Laura Fernández, política de derecha conservadora y populista, como su nueva presidenta con casi el 50% de los votos, evitando la segunda vuelta y confirmando un giro político que inquieta a sectores democráticos.
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Fernández encabezó la lista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y se presentó como continuadora del controvertido presidente saliente Rodrigo Chaves, promotor de una línea dura contra el crimen y crítico de las instituciones tradicionales.
Su victoria refleja el cansancio social frente a la inseguridad y el atractivo de discursos autoritarios que prometen orden y mano dura. Durante la campaña, Fernández se definió como heredera de un proyecto de “cambio profundo” que cuestiona el equilibrio de poderes y propone mayores atribuciones para el Ejecutivo.
Laura Fernández: un proyecto político alineado a Trump y Bukele
Laura Fernández no es una figura moderada dentro del espectro político costarricense, y su trayectoria se ha construido alrededor de una agenda de mano dura frente a la inseguridad y de críticas a instituciones que considera ineficaces o complacientes con el crimen organizado.
Ha impulsado propuestas como endurecimiento de penas y megaprisiones, inspiradas en el modelo de Bukele y su política de seguridad extrema.
Fernández también ha manifestado simpatía por Donald Trump, referente del conservadurismo estadounidense, y su discurso contra el “sistema político tradicional” adopta un tono populista y de confrontación similar.
Su proyecto plantea una cooperación estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad y política exterior, una cercanía ideológica que ha sido celebrada por sectores conservadores internacionales, pero que también genera cuestionamientos internos.
Triunfo de Fernández provocaría un giro político autoritario
La victoria de Fernández ha generado reacciones más allá del entusiasmo oficialista, con advertencias de sectores de la sociedad civil, la oposición y analistas sobre el impacto institucional de sus propuestas.
Costa Rica fue durante décadas un referente de estabilidad democrática en Centroamérica, y el cambio de rumbo despierta preocupación.
El énfasis en políticas de mano dura, cárceles de máxima seguridad y estados de excepción ha sido interpretado por críticos como un avance hacia un modelo de mayor concentración de poder y menores contrapesos institucionales.
Organizaciones de derechos humanos alertan que, aunque presentadas como respuestas urgentes al crimen, estas medidas podrían habilitar restricciones excesivas de libertades civiles y debilitar garantías democráticas.
La afinidad con figuras polarizantes profundiza el debate sobre el modelo de gobernanza que el país podría adoptar en los próximos años.
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