Jueces liberaron 84% del dinero congelado a delincuentes por la UIF de AMLO

Los jueces han violado reiteradamente la soberanía nacional para impartir justicia con base a la jurisprudencia Medina Mora.

Los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) han vulnerado por más de seis años la soberanía nacional para la investigación delictiva al revocar en más de una ocasión congelamientos de cuentas bancarias realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  por presuntos delitos como lavado de dinero. La justificación de los jueces ha sido que México debe contar con el apoyo de instituciones extranjeras para recurrir a este tipo de medidas preventivas y de combate a delitos de alto impacto financiero.

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Según una investigación del diario Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera ha perdido desde 2019 a los dos primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo un total de 37 mil millones de pesos en tribunales, un 84.8 por ciento del dinero que había congelado en ese período de tiempo.

UIF liberó 37 mil 434 mdp por resoluciones de jueces

¿Por qué perdió tanto dinero? La respuesta está en los jueces, quienes respondieron a los llamados de aquellos que fueron afectados por estas medidas de combate del lavado de dinero y otros delitos de alto impacto. Según los togados, los afectados podían apelar estas medidas de seguridad con base a la jurisprudencia Medina Mora.

Sin embargo, esto podría empeorar ya que la Suprema Corte de Jusitica de la Nación (SCJN) ha avalado que quienes sean presuntos capos de la droga, criminales sexuales o sean cercanos a políticos señalados de corrupción puedan recuperar su dinero de manera casi exprés.

La UIF congeló durante el último sexenio 44 mil 148 millones 301 mil 899 pesos del sistema financiero pero por órdenes judiciales tuvo que liberar 37 mil 434 millones 185 mil 734 pesos del sistema financiero mexicano. A pesar de que solo 19 mil 385 millones 92 mil 983.05 pesos fueron defintivos, estas medidas permitieron que los acusados de delitos de alto impacto pudieran recuperar su dinero y moverlo.

Esto fue justificado por los jueces ya que según la jurisprudencia Medina Mora, las autoridades mexicanas dependen integramente de instituciones extranjeras  para congelar cuentas de personas del sistema financiero mexicano. Es decir, atropella las investigaciones propias de México y hace añicos la soberanía de México en la impartición de justicia.

¿Quiénes fueron beneficiados por esta liberación de recursos?

A pesar de que la UIF puede impugnar las medidas realizadas por los jueces, la liberación de las cuentas permiten que los acusados recuperen su dinero y este pueda blindarse de las autoridades mexicanas al ser trasladado a otro lado.

Uno de los beneficiados por estas medidas judiciales fue Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho y manejar una red de pederastía, ya que los jueces le permitieron recuperar 800 millones de pesos.

La Luz del Mundo, iglesia ultraconservadora, también fue beneficiada por medidas judiciales de la misma naturaleza que le permitieron a la organización recuperar nueve cuentas bancarias de la Iglesia del Dios Vivo Columna Apoyo de la Verdad pese a estar vinculada con los delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín.

Asimismo, la familia de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa y condenado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, así como sus propias cuentas fueron beneficiados por jueces que permitieron liberar las cuentas bancarias congeladas por la UIF.

Otro gran beneficiado fue Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y considerado prófugo de la justicia, así como su esposa Mariana Gómez Leal.

¿Qué es la jurisprudencia Medina Mora?

La jurisprudencia conocida como “Medina Mora”, adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 con el exministro Eduardo Medina Mora como ponente, ha representado un desafío significativo para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Este criterio jurídico obliga a la UIF a contar con la petición explícita de una autoridad extranjera para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el bloqueo de cuentas, limitando la autonomía del país en estas investigaciones.

Para cumplir con este requisito, la UIF implementó una estrategia de colaboración con autoridades extranjeras, pero en noviembre pasado, la Suprema Corte endureció aún más el procedimiento. Ahora, los acusados pueden recurrir a amparos provisionales exprés para desbloquear cuentas sin necesidad de demostrar la licitud de los fondos, una situación que la UIF considera favorable para quienes están involucrados en actividades ilícitas.

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