¡Es inconstitucional!; reclaman quienes han violado la ley

La falta de idea en los conservadores, es evidente. Dos o tres argumentos manejan cotidianamente para descalificar al gobierno de la Cuarta Transformación.
Uno de sus más socorridos recursos, es señalar que cada paso dado por la administración del presidente López Obrador, se aparte de lo que establecen las leyes vigentes, e incluso del texto de nuestra Constitución.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral se pasan quincenalmente las reglas constitucionales, por el arco del triunfo, al ganar más de lo que percibe el presidente del país.
Nuestra Carta Magna dice que no es legal que funcionario alguno, rebase el tope de percepciones que se fija en base al salario del primer mandatario y sin embargo, los conservadores nada dicen sobre esta flagrante falta cometida por la burocracia de lujo que despacha en el INE.

Todas las reformas neoliberales aprobadas en el Congreso, fueron realizadas en base a la corrupción. Se compró el voto de los diputados panistas y priistas, para alcanzar el número de sufragios necesarios y dar vida a unas leyes que atentan contra los intereses de la nación.

Los conservadores no protestaron con enojo, ante estos actos de corrupción que hoy quedan al descubierto.
Tratándose de acciones que nacen del gobierno del cambio, las cosas se ven diferentes.

Se critica la desaparición de los intermediarios que manejaban los programas sociales en el pasado. A esos “coyotes” que decían representar los intereses de la gente humilde, se les cierra la llave del presupuesto público y la prensa reaccionaria grita de inmediato que esto es anticonstitucional.

Se pretende fortalecer al sector energético, inyectando recursos financieros a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad y la protesta reaccionaria es la misma. Es anticonstitucional atentar contra el libre mercado. Aunque nadie haya movido un dedo para cancelar o inhibir la inversión privada.
Lo único que se pretende es fortalecer a las empresas propiedad de pueblo y regular un sector que no tenía más reglas que las pocas que puedan existir dentro del mercado salvaje.
Los proyectos de desarrollo en el sur del país, son señalados de anticonstitucionales, puesto que no toman en cuenta el punto de vista de las comunidades originarias, que verán afectadas sus formas de vida, con la construcción de estos desarrollos.

Lo que no dicen los medios de información conservadores, es que se ha tomado parecer a todos los pueblos que viven en las inmediaciones de los sitios a desarrollar, obteniendo el visto bueno de la gente. Son los intermediarios de siempre, las organizaciones que dicen representar a la gente humilde, quienes pretender frenar estos proyectos, por motivos políticos e intereses económicos.

Decir que toda acción de gobierno resulta anticonstitucional, o violatoria a la Ley, es la postura recurrente de la prensa de corte neoliberal.
En el caso de la Ley Orgánica para el Poder Judicial, votada recientemente en la Cámara de Senadores, la posición de la derecha mexicana ha sido la misma. Es anticonstitucional otorgar una prórroga de dos años, al actual ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La prensa conservadora ha insistido en los últimos días con este tema. Nos dicen que un artículo transitorio en la ley votada y aprobada en la Cámara de Senadores, no puede estar por encima del marco constitucional.

Después de mostrarse como expertos en cuestiones de salud, los periodistas, comentaristas y analistas de la derecha, dejan de lado la bata del médico especializado en enfermedades de transmisión masiva, para colocarse la toga del ministro conocedor de todo aspecto jurídico.

La prórroga que se otorgaría a Arturo Zaldívar, sería una situación excepcional, que no modifica la regla constitucional. Se trata de un artículo transitorio que el Congreso autorizaría por única vez, con motivo de la implementación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Después de los dos años de prórroga, se nombraría al nuevo presidente de la Corte, que lo es también de la Judicatura Federal y a los cuatro años, se votaría nuevamente por su sucesor. El artículo constitucional no se modifica, ni altera. Solo autoriza la excepción por única vez y lo hace el Congreso en uso de sus facultades.
De las veces que la derecha neoliberal ha intentado frenar los actos de gobierno de la Cuarta Transformación, en ningún caso ha prosperado su intento de señalar la inconstitucionalidad de las acciones impulsadas. Todo se ha hecho de acuerdo a la ley.

Hoy, este asunto cae dentro de la esfera de competencia del Poder Legislativo, primeramente. La Cámara de Diputados tiene que votar y aprobar la nueva Ley Orgánica. Si se aprueba, vendrán las imputaciones a la misma y la autoridad resolverá. Si no es aprobada, hasta ahí queda todo.

No es un problema que tenga que resolver el Poder Ejecutivo y, sin embargo, los medios de comunicación conservadores señalan permanentemente que se trata de un acto autoritario del presidente.
Denise Dresser y el Reforma, presentan hoy una nota, donde acusan a López Obrador de seguir los pasos de Hugo Chávez, Evo Morales, Vladimir Putin y todos los mandatarios que se han mantenido en el poder, por más de un periodo.

Dicen que López Obrador controla al ministro presidente de la Corte.

Para ellos, la división de poderes implica necesariamente, el rompimiento de toda relación entre ministros y presidencia.
No pueden darse acciones en común, para sanear a las instituciones públicas de corrupción y nepotismo.

Si el presidente señala que está de acuerdo con que el Congreso otorgue la prórroga a Arturo Zaldívar, los conservadores lo interpretan como un acto de injerencia en la vida interna del Poder Judicial. Aunque solo se trate de la opinión del presidente.
En realidad, la oposición tiene miedo de la honestidad de Arturo Zaldívar. Sabe que va a acabar con la corrupción y el nepotismo que reinan en juzgados y tribunales.
Una última cosa que debe tomarse en cuenta es que, cuando el presidente manda una iniciativa preferente, ésta ya fue revisada por Julio Scherer, consejero jurídico de López Obrador y quizá por Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia.

Difícil que ellos pasen a las cámaras iniciativas con fallas técnicas, o deficiente fundamento legal.

El grito conservador de ¡inconstitucional!, se parece en mucho a aquel otro del niño que anunciaba ¡ahí viene el lobo!
Lo han repetido tanto los neoliberales, que el pueblo de México sabe que se trata de una mentira más y que no tendrá final feliz para la derecha, al momento de las resoluciones definitivas.
La reforma dentro del Poder Judicial, es urgente y no la van a poder frenar los conservadores, usando las desacreditadas descalificaciones de siempre.

Malthus Gamba