Emilio Lozoya, la punta del iceberg

La noticia de hoy en todos los medios, se titula Emilio Lozoya. El caso de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, es secundario.

Este asunto estará presente en la prensa nacional y aún en la internacional, por un buen tiempo.

Hoy, la comentocracia conservadora señala que el gobierno encabezado por López Obrador, inicia una etapa de persecución y castigo, sobre personajes del neoliberalismo que incurrieron en conductas de corrupción y abuso. Esto es falso.

Desde su llegada al gobierno, el actual presidente de México, fijó su línea política al respecto. No se detendrán procedimientos judiciales ya iniciados. Cualquier ciudadano está en libertad de presentar denuncias, por conductas incorrectas de funcionarios públicos de administraciones anteriores. La aplicación de una política de punto final, se someterá a consulta popular, una vez que se adecué el marco jurídico que se requiere para efectuarla.

¿Qué sucede con el caso de Emilio Lozoya y la planta de fertilizantes que se compró a sobrecosto? Se trata de un proceso que se inició en tiempos de Peña Nieto. Nada tiene que ver el gobierno actual, con el desahogo de este asunto.

Por algún motivo, no les fue posible a quienes gobernaron al país durante los pasados seis años, dar carpetazo a un expediente que podría provocarles dolores de cabeza en el futuro inmediato.

Para fines de investigación, la carpeta quedó abierta y hoy pagan las consecuencias

Este proceso, en el momento que vive, tiene a Emilio Lozoya con un pie en la cárcel y puede significar el inicio de un hilo que arrastre a otros políticos neoliberales a enfrentar juicios penales o administrativos. No por iniciativa del gobierno de López Obrador, sino por involucramiento o delación de sus antiguos compañeros de trabajo.

Una de las primeras medidas que toma la defensa de Lozoya, es insinuar que pudiera pedir la comparecencia del anterior presidente, para que declare lo que le conste, sobre la compra de la planta de fertilizantes. Como bien dice el abogado, en México, nada se movía sin el visto bueno del presidente. Esto lo sabíamos ya, por señalamientos expresados por López Obrador.

El abogado de Lozoya hace un amago a Peña Nieto, para que vea la gravedad del problema y actúe en consecuencia. ¿Cómo? No lo sabemos.

Lo que sí es cierto, es que este proceso será largo y sucio. Puede ser que Lozoya calle, como lo ha hecho Roberto Borge, que lleva ya dos años en prisión. Puede darse también el escenario de que no puedan localizarlo, como sucede hasta la fecha con el escurridizo César Duarte. Puede involucrar a otros servidores públicos que en este momento se sienten seguros.

Cada paso que se de en adelante, complicará un poco más el asunto inicial. Aparecerán otros sospechosos y se abrirán nuevas investigaciones. El proceso puede convertirse en una especie de caja china, donde cada vez que aparece un nuevo actor, se descubre que existen más involucrados.

Y esto solo tiene que ver con la planta de fertilizantes.

Si se integra también a la denuncia, lo relativo al asunto de Odebrecht, como al parecer se hará, las investigaciones y juicios que se generen por todo esto, serán bastantes.

Ese es el pantano del que nos habla el presidente.

Los juicios que están en curso y las denuncias particulares que puedan generarse, deben ser atendidas invariablemente.

Pero impulsar una política donde sea prioritario actuar judicialmente contra una clase neoliberal corrupta, sumamente numerosa, sería desgastante.

Alejandro Gertz Manero, declaró hace unos días que existe un rezago de aproximadamente trescientas mil indagatorias sin resolver. Esa herencia de la pasada administración es enorme. Significa una utilización de tiempo y recursos, que limita la atención preferente a los asuntos que nacen día con día.

Si a esto le agregamos más investigaciones relacionadas con el pasado priista y panista, la saturación en la Fiscalía será enorme.

Por eso resulta razonable la explicación que nos da el presidente, respecto a la aplicar una política interna que contemple el punto final, en lo que corresponde a quienes gobernaron en los pasados sexenios.

Habrá que estar al pendiente de los acontecimientos que se desprendan del proceso que enfrenta Emilio Lozoya, una vez que se conozca a detalla el tipo de delitos por los que se pide su arresto y presentación.

Lo que sí es posible adelantar, es que se tratará de un juicio largo, donde veremos la calidad de una defensa que no tendrá limitaciones económicas, para elaborar un plan de trabajo que garantice a su cliente todas las oportunidades posibles.

Si Emilio Lozoya es acusado por asuntos que le permitan librar la prisión en el corto plazo, es posible que este asunto no presente a complicaciones mayores.

Pero si su causa implica afrontar penas mayores, con cárcel de muchos años como posibilidad real, veremos una defensa agresiva, que intentará descargar en otros, la culpa total, o parcial de Lozoya, para beneficiar en todo lo posible a su cliente.

Habrá que estar muy al pendiente de este proceso, e insisto: hay que ver cuanto se empantana el mismo; el desgaste que significará para el actual gobierno destinar tiempo y recursos a este tipo de asuntos del pasado.

El caso de Emilio Lozoya, puede ser el termómetro que nos señale hasta donde es sano continuar con este tipo de asuntos, o si resulta preferible apoyar la política de punto final, en la encuesta pública que se dará en un futuro inmediato.

Buena parte de la ciudadanía está muy feliz hoy, con la orden de aprensión girada contra Lozoya. Ojalá y conforme avance el caso, el buen ánimo continúe y no seamos espectadores de un juicio lento, mañoso y con resultados pobres, en relación a las expectativas que despertó a su inicio.

 

Malthus Gamba