En otro intento de los consejeros electorales por justificar su onerosa y anacrónica presencia en el escenario de la democracia mexicana, el INE presentó el documento pomposamente denominado Informe País 2020, basado en una encuesta del INEGI, en el que con su tradicional petulancia, estos farsantes pretenden calificar la calidad de la ciudadanía en México, como si ellos tuvieran la capacidad de determinar esto, cuando en realidad la información que presenta son datos con los que se podría evaluar en alguna medida la calidad de las instituciones.
Sin que hasta el momento podamos saber cuánto nos costó que un grupo de académicos del Colegio de México, fueran contratados para analizar una encuesta del INEGI, que siendo sinceros no reviste ninguna utilidad práctica, salvo la excusa para comprobar gastos y utilizar un foro más para proyectar el lucimiento personal del consejero presidente del INE, ataviado en el disfraz de académico activista interesado por la democracia. Dicho informe revela un solo dato que implica la necesidad indiscutible de sanear y modificar toda la estructura electoral del país; dato que por casualidad fue omitido en su presentación por Córdova Vianello.
En su gráfica 4.6 referente a la frecuencia de irregularidades en elecciones, encontramos las respuestas a la pregunta ¿Con qué frecuencia se presenta la irregularidad de que las autoridades electorales sean justas?
Resulta increíble que la justicia de las autoridades electorales haya sido clasificada por estos expertos y por el INE como una “irregularidad en las elecciones”, aunque en la realidad si lo sea, pero nadie esperaba verlo en un informe presentado por ellos. Así de obvios y descuidados fueron en su camuflaje para parecer funcionarios eficientes.
Sin embargo lo que justifica la completa reestructura del sistema electoral en México son las respuestas recibidas a esta pregunta: Solamente el 11% de los encuestados respondieron que esta “irregularidad”, es decir, que las autoridades electorales sean justas en las elecciones, se da frecuentemente. Pero por otra parte, el 89% consideró que no es frecuente que estas autoridades sean justas.
Entendiendo que la representatividad estadística de esta encuesta está garantizada por el INEGI, en quien todo mundo confía más que en el INE, la conclusión sería que hoy prácticamente 9 de cada 10 ciudadanos no consideran frecuente que sus autoridades electorales sirvan al propósito para el que fueron creadas. En pocas palabras ellos mismos, en su propio informe, analizado por sus expertos, dicen que no sirven.
Siendo esto expresado por el propio INE, podríamos simplemente aceptarlo con la máxima jurídica que da por cierta una confesión como prueba, sin necesidad de tenerse que requerir más evidencias para comprobar un hecho: A confesión de parte, relevo de pruebas.
De nada sirve que estos funcionarios vayan por el mundo buscando apoyos extranjeros para intentar justificar la permanencia de un organismo que la enorme mayoría de los ciudadanos mexicanos califican como inútil para la función que fueron creados; un resultado que ellos mismos presentan y validan.
El primer paso para arreglar un problema es aceptar que existe. En este caso, pero sobre todo en este informe, queda muy claro que la ciudadanía ya lo hizo y que incluso el mismo INE lo reconoce; es decir, ya todos estamos de acuerdo. Ahora tenemos que dejar de presentar argumentos indefendibles y ponernos en acción para resolver el problema, saneando el sistema electoral a fin de contar con autoridades que todos consideremos justas en los procesos y que no tienen por qué costarnos 50 mil millones de pesos anuales adicionales a lo que deberíamos pagar por un trabajo de eses tipo.
Como dijo el psicólogo francés Gustav Le Bon: “Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en actos”.
