El criminal manejo de la lucha por el agua en Chihuahua

Por: @RicSantes
El conflicto suscitado en Chihuahua entre pobladores y gobierno federal, en el cual se ‎argumenta que el segundo pretende arrebatar el agua a los primeros para darla a ‎Estados Unidos, ha mostrado su cara más deleznable: la manipulación criminal por parte ‎de políticos y líderes facciosos.‎

El martes 8, en la presa La Boquilla, que almacena agua del Río Conchos, tributario del ‎Bravo, ocurrió un enfrentamiento entre grupos civiles y elementos de la Guardia ‎Nacional. Crónicas, fuentes gráficas, y versiones oficiales preliminares, revelan que ‎políticos perversos azuzaron y armaron a la población con el propósito de agredir ‎físicamente a la fuerza pública. En la lista se registran individuos de filiación partidista ‎variopinta; entre otros, Fernando Baeza Terrazas, exgobernador (PRI); José Reyes Baeza, ‎exgobernador (PRI); José Fco. Ramírez, alcalde de Rosales (Morena); José Ramírez ‎Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos (PRI); Adolfo Trillo, Alcalde La Cruz (Nueva ‎Alianza); Mario Mata Carrasco, diputado federal (PAN); y Gustavo Madero Muñoz, ‎senador de la República (PAN).‎

Llama la atención que, al momento del enfrentamiento, esos “respetables defensores del ‎agua” brillaron por su ausencia, dejando que la violencia cobrase cuentas en otros ‎cuerpos. En ese escenario, los miembros de la Guardia Nacional tomaron la decisión de ‎replegarse y trasladarse a otro sitio. Sin embargo, el evento trascendió a los golpes y las ‎heridas, pues en otro lugar, aunque como hecho ligado al enfrentamiento en La Boquilla, ‎dos personas fallecieron por impactos de bala. De inmediato, sin dar tiempo a desahogar ‎pruebas y aclarar los hechos, los políticos incitadores ya señalaron como culpable a la ‎Guardia Nacional. En la acostumbrada conferencia matutina del presidente López ‎Obrador, se informó de una solicitud a la Fiscalía General de la República para que se ‎investiguen los hechos, incluyendo por supuesto el desempeño de los elementos del orden.‎

El escenario descrito obedece al calentamiento del ambiente político, por motivo de las ‎elecciones que se vivirán en Chihuahua el próximo año y cuyo proceso arrancó este mes. ‎La cofradía del PRIAN ve con temor la inminente pérdida de sus prebendas ‎presuntamente a manos de la barredora del partido Morena, y por todos los medios busca ‎enrarecer el panorama y sacar la raja que les permita sobrevivir políticamente.‎
Contra la apuesta opositora, la dependencia responsable del agua en el país, la Conagua, ‎aclaró que no hay ni habrá desabasto del líquido. Pues qué bien. Ahora, que la titular de ‎esa dependencia vaya y convenza a los inconformes.‎

Lo cierto es que, como consecuencia de un tratado entre los gobiernos de los Estados ‎Unidos de América y de los Estados Unidos Mexicanos sobre la utilización de aguas de los ‎ríos Colorado, Tijuana, y Bravo, México debe entregar una cuota de agua de la cuenca del ‎Bravo al país al norte. Paralelamente, el norte debe entregar una cuota de la cuenca del ‎Colorado a su vecino al sur. El texto, signado en 1944, inicia de la siguiente manera:‎

‎“[A]nimados por el sincero espíritu de cordialidad y amistosa cooperación que felizmente ‎gobierna las relaciones entre [ambos gobiernos]; tomando en consideración el hecho que ‎los artículos VI y VII del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos de ‎América y los Estados Unidos Mexicanos firmado el 2 de febrero de 1848, y el artículo IV ‎del tratado de límites entre los dos países firmado el 30 de diciembre de 1853, regulan el ‎uso de las aguas del Río Bravo (Grande) y el Río Colorado para propósitos de navegación ‎solamente; considerando que es deseable la utilización de esas aguas para otros ‎propósitos…”‎

Conformado por 28 artículos, el Tratado de Aguas se materializa en que, por el lado del ‎Bravo, México se comprometió a entregar 431,721,000 metros cúbicos de agua ‎anualmente (Artículo 4), mientras que, por el lado del Colorado, Estados Unidos se obligó ‎a otorgar 1,850,234,000 de metros cúbicos (Artículo 19). En el balance, el asunto parece ‎favorecernos. Asimismo, si bien se enuncian los consabidos matices de concordia y buena ‎vecindad en caso de que una de las partes tenga dificultades justificadas para no cumplir ‎con su obligación, el convenio tiene carácter vinculante.‎

Cabe destacar que las partes arguyeron firmar el tratado por razón de una feliz relación. ‎El frijol en el arroz es que se cita como fundamento de ese amor al Tratado de Guadalupe ‎Hidalgo de 1848, así como al tratado de [nuevos] límites de 1853, también conocido como ‎Compra de Gadsden. ¿Qué significaron esos precedentes? El primero, nada más y nada ‎menos que la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, ‎como resultado de la derrota infligida en la guerra escenificada por las partes en el ‎aciago Siglo XIX. El segundo, la venta, por diez millones de dólares, de otra porción del ‎territorio.‎

En el caso que nos ocupa, si tomamos por cierto el dicho de la Conagua, en este momento ‎México no tiene excusa para incumplir su obligación, pues cuenta con volúmenes ‎suficientes para honrar la cuota bilateral, amén de satisfacer las necesidades domésticas. ‎Por tanto, el meollo del asunto en el “conflicto por el agua en Chihuahua” muestra un ‎origen distinto a lo que justifican quienes se oponen al gobierno central.‎

El acuerdo de 1944 tuvo referentes negativos, de guerra y despojo para México, aunque ‎sirvió para formalizar la relación bilateral y poner candados a mayores intentonas ‎expansionistas del poderoso vecino. Por eso, no sin algunos traspiés, el país ha cumplido ‎con los compromisos. En caso de fallar, ya se maneja la posibilidad de que el gobierno ‎estadounidense plantee renegociar el acuerdo, lo que seguramente sería muy ‎desventajoso para nosotros. Desafortunadamente, eso es algo que no quieren entender ‎los políticos miopes que hoy en Chihuahua atizan la llama de la violencia.‎

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