El criminal manejo de la lucha por el agua en Chihuahua
Columnas,
11 septiembre, 2020
5 min de lectura
Por: @RicSantes
El conflicto suscitado en Chihuahua entre pobladores y gobierno federal, en el cual se argumenta que el segundo pretende arrebatar el agua a los primeros para darla a Estados Unidos, ha mostrado su cara más deleznable: la manipulación criminal por parte de políticos y líderes facciosos.
El martes 8, en la presa La Boquilla, que almacena agua del Río Conchos, tributario del Bravo, ocurrió un enfrentamiento entre grupos civiles y elementos de la Guardia Nacional. Crónicas, fuentes gráficas, y versiones oficiales preliminares, revelan que políticos perversos azuzaron y armaron a la población con el propósito de agredir físicamente a la fuerza pública. En la lista se registran individuos de filiación partidista variopinta; entre otros, Fernando Baeza Terrazas, exgobernador (PRI); José Reyes Baeza, exgobernador (PRI); José Fco. Ramírez, alcalde de Rosales (Morena); José Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos (PRI); Adolfo Trillo, Alcalde La Cruz (Nueva Alianza); Mario Mata Carrasco, diputado federal (PAN); y Gustavo Madero Muñoz, senador de la República (PAN).
Llama la atención que, al momento del enfrentamiento, esos “respetables defensores del agua” brillaron por su ausencia, dejando que la violencia cobrase cuentas en otros cuerpos. En ese escenario, los miembros de la Guardia Nacional tomaron la decisión de replegarse y trasladarse a otro sitio. Sin embargo, el evento trascendió a los golpes y las heridas, pues en otro lugar, aunque como hecho ligado al enfrentamiento en La Boquilla, dos personas fallecieron por impactos de bala. De inmediato, sin dar tiempo a desahogar pruebas y aclarar los hechos, los políticos incitadores ya señalaron como culpable a la Guardia Nacional. En la acostumbrada conferencia matutina del presidente López Obrador, se informó de una solicitud a la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos, incluyendo por supuesto el desempeño de los elementos del orden.
El escenario descrito obedece al calentamiento del ambiente político, por motivo de las elecciones que se vivirán en Chihuahua el próximo año y cuyo proceso arrancó este mes. La cofradía del PRIAN ve con temor la inminente pérdida de sus prebendas presuntamente a manos de la barredora del partido Morena, y por todos los medios busca enrarecer el panorama y sacar la raja que les permita sobrevivir políticamente.
Contra la apuesta opositora, la dependencia responsable del agua en el país, la Conagua, aclaró que no hay ni habrá desabasto del líquido. Pues qué bien. Ahora, que la titular de esa dependencia vaya y convenza a los inconformes.
Lo cierto es que, como consecuencia de un tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos Mexicanos sobre la utilización de aguas de los ríos Colorado, Tijuana, y Bravo, México debe entregar una cuota de agua de la cuenca del Bravo al país al norte. Paralelamente, el norte debe entregar una cuota de la cuenca del Colorado a su vecino al sur. El texto, signado en 1944, inicia de la siguiente manera:
“[A]nimados por el sincero espíritu de cordialidad y amistosa cooperación que felizmente gobierna las relaciones entre [ambos gobiernos]; tomando en consideración el hecho que los artículos VI y VII del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos firmado el 2 de febrero de 1848, y el artículo IV del tratado de límites entre los dos países firmado el 30 de diciembre de 1853, regulan el uso de las aguas del Río Bravo (Grande) y el Río Colorado para propósitos de navegación solamente; considerando que es deseable la utilización de esas aguas para otros propósitos…”
Conformado por 28 artículos, el Tratado de Aguas se materializa en que, por el lado del Bravo, México se comprometió a entregar 431,721,000 metros cúbicos de agua anualmente (Artículo 4), mientras que, por el lado del Colorado, Estados Unidos se obligó a otorgar 1,850,234,000 de metros cúbicos (Artículo 19). En el balance, el asunto parece favorecernos. Asimismo, si bien se enuncian los consabidos matices de concordia y buena vecindad en caso de que una de las partes tenga dificultades justificadas para no cumplir con su obligación, el convenio tiene carácter vinculante.
Cabe destacar que las partes arguyeron firmar el tratado por razón de una feliz relación. El frijol en el arroz es que se cita como fundamento de ese amor al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, así como al tratado de [nuevos] límites de 1853, también conocido como Compra de Gadsden. ¿Qué significaron esos precedentes? El primero, nada más y nada menos que la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, como resultado de la derrota infligida en la guerra escenificada por las partes en el aciago Siglo XIX. El segundo, la venta, por diez millones de dólares, de otra porción del territorio.
En el caso que nos ocupa, si tomamos por cierto el dicho de la Conagua, en este momento México no tiene excusa para incumplir su obligación, pues cuenta con volúmenes suficientes para honrar la cuota bilateral, amén de satisfacer las necesidades domésticas. Por tanto, el meollo del asunto en el “conflicto por el agua en Chihuahua” muestra un origen distinto a lo que justifican quienes se oponen al gobierno central.
El acuerdo de 1944 tuvo referentes negativos, de guerra y despojo para México, aunque sirvió para formalizar la relación bilateral y poner candados a mayores intentonas expansionistas del poderoso vecino. Por eso, no sin algunos traspiés, el país ha cumplido con los compromisos. En caso de fallar, ya se maneja la posibilidad de que el gobierno estadounidense plantee renegociar el acuerdo, lo que seguramente sería muy desventajoso para nosotros. Desafortunadamente, eso es algo que no quieren entender los políticos miopes que hoy en Chihuahua atizan la llama de la violencia.
