Es indiscutible la profunda corrupción que prevalece en el sistema judicial mexicano, porque es un hecho que nos consta a todos los que hemos tenido que vivir en carne propia su forma de operar, que por cierto, somos una gran parte de los ciudadanos.

Desde los Ministerios Públicos hasta los ministros de la corte, pasando por secretarios de acuerdos, jueces, magistrados y demás miembros de ese sistema, que se maneja con hermetismo y exclusión de los ajenos. Sin duda la fuerza que los hace girar, es el dinero mal habido. Siempre hay un resquicio conveniente en la interpretación de la ley, que servirá para librarte o para joderte a voluntad de quien maneje tu asunto dentro del sistema y dependiendo de la cuota con la que estés dispuesto a “colaborar”.

El sistema fue creado así y así funciona. Por un lado sus acciones se escudan en la legalidad emanada de la interpretación de las leyes, por otro, esa interpretación depende del nivel de extorsión que puedan aplicar sobre el interesado o del nivel de disuasión que el interesado pueda aplicar sobre el encargado del asunto, llámese dinero, influencia, compadrazgo, aspiración profesional o miedo a caer en desgracia.

Durante el presente gobierno, en forma paralela a que se van ventilando los actos de corrupción de todos los que practicaban sus derechos de saqueo sobre el resto de la sociedad, se han ido haciendo públicos los casos en los que estos saqueadores son protegidos por los jueces, magistrados y ministros, o en el que estos distinguidos miembros del poder judicial, son utilizados como sirvientes de los potentados para entorpecer el proceso de limpieza y de progreso en el que está aplicándose el poder ejecutivo.

Hoy no solamente los potentados y sus círculos de favoritos están perdiendo la respetabilidad que les otorgaba la simulación, sino que el prestigio de sus esbirros en el poder judicial, también están cayendo en desgracia a pesar de sus pomposas actitudes de fantoches, que los hacen ver como ridículos cascarones rellenos de lodo.

La estrategia del gobierno, que consiste en hacer que la vida pública sea cada vez más pública, está levantando la alfombra que los cubría, dejando al descubierto un repulsivo nido de gusanos pestilentes que se revuelcan en busca del dinero sucio, su única fuente de inspiración y esfuerzo. Todos ellos integrados en pequeñas bandas de delincuentes patrimoniales, que juntas conforman el cartel de la toga.

Así lo demuestran cientos de casos en los que han otorgado amparos improcedentes en contra de casi todas las acciones que emprende el gobierno federal para intentar inmovilizarlo, así como las decenas de casos en los que han interpretado leyes a conveniencia de criminales, para dejarlos libres o para revertir su situación procesal. Hoy la diferencia es que sus trapacerías se ventilan y todos nos enteramos de ellas.

Los casos emblemáticos más representativos de éstas “estrellas” en el deplorable desempeño de la corrupción judicial, son más evidentes en las personas de los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, dos fichitas equiparables a García Luna, al Chapo Guzmán o al ‘Mochaorejas’, cada quien en su especialidad delictiva. Estos sujetos se han dedicado a regalar amparos improcedentes como si fueran dulces en Halloween, para intentar detener la ley de hidrocarburos presentada por el poder ejecutivo que intenta terminar con los abusos de los saqueadores.

Hoy esos cientos de amparos concedidos por estos corruptos, están quedando sin efecto por su evidente improcedencia y los que los otorgaron están hoy desprestigiados y sumidos en el más profundo ridículo. Sería también afortunado que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda les hiciera una visita a sus cuentas bancarias para que por fin, todo quede claro.

Como dijo el escritor francés Antoine de Saint Exupéry: “Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada”.

Por Erika