Duro golpe a ‘los intocables’

Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8

Cerró la primera quincena de octubre de 2020 con una noticia que cimbró a México: Estados Unidos detuvo en pleno aeropuerto de Los Ángeles, California, al GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, ex-Secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado de conjura para tráfico de drogas y lavado de dinero. ¿En manos de quiénes estuvo MÉXICO durante el bipartidismo depredador que quiso imponer el PRIAN?

Lo impensable sucedió. La cúspide militar, INTOCABLE desde siempre, fue tocada de modo fulminante y contundente. El Ejército, principal rama de las Fuerzas Armadas, estuvo comandado por el hoy detenido como su oficial de mayor jerarquía (abajo del Comandante Supremo), cuando supuestamente estaba coludido con uno de los cárteles del Narcotráfico más sanguinario de MÉXICO, del que recibía dólares por poner a su disposición la capacidad de fuego y operación de una fuerza de unos 200 mil efectivos a su mando, más el potencial de espionaje y contraespionaje institucional y extraoficial.

A mediados del peñato se dieron las matanzas de Tlatlaya, masacre de civiles asesinados por fuerzas militares en el Estado de México el 30 de junio de 2014, y dos meses después -en la noche-día del 26-27 de septiembre- un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fue baleado por policías municipales de Iguala y estatales de Guerrero, apoyados por efectivos militares que acudieron al lugar bajo la observación de otro militar que hacía labores de Inteligencia, y se llevaron vivos a 43 muchachos, para supuestamente entregarlos a un comando del Cártel Los Rojos, que controlaba esa plaza, aunque a decir de testigos del momento, fueron soldados los que los detuvieron a punta de fusil y algunos de los normalistas llegaron hasta un sanatorio donde fueron alcanzados por la fuerza castrense. En todo testimonio, los soldados se impusieron a los policías locales y estatales.

Lo más sospechoso de esta confusa masacre en Iguala fue que a los militares les interesaban particularmente 2 de los autobuses que habían secuestrado los muchachos para desplazarse hacia una protesta y revisaban los compartimientos de equipaje para ver lo que llevaban dentro. El piquete de soldados estaba al mando de un oficial que reportaba por radio a su base, de donde recibía instrucciones. Este hecho propició que de inmediato se borrara esta intervención militar en los reportes oficiales y que la Procuraduría General del estado y de la República lo omitieran o tergiversaran en sus confusas actuaciones, quedando sólo la represión local como principal responsable, acreditada al entonces edil perredista del lugar y a su esposa, pariente de un capo del narco.

Siendo INTOCABLE el Ejército, la PGR de Jesús Murillo Karam construyó de inmediato una “Verdad Histórica” por cuenta de Tomás Zerón, donde no aparecían los elementos castrenses, sus espías ni jefes de operativo, como tampoco rastro de los reportes a su base del personal desplegado. O sea, NADA.

Para muchos fue lógica la deducción: Sabido que ningún militar en activo se desplaza de su cuartel sin una orden específica, su presencia en el sitio de los hechos y el interés en los camiones y sus compartimientos de carga, obedecían a una búsqueda para “rescatar” algún cargamento de droga protegida por mandos militares, que iba en 1 o 2 de los autobuses “secuestrados”. No es posible que el piquete de soldados fuera propietario del cargamento, a juzgar por los reportes a su base del jefe del operativo. Indudablemente, la cadena de mando iba mucho más arriba.

Pero en aquel momento, era un sacrilegio sospechar siquiera de un mayor del segundo o tercer nivel de la Región Militar, mucho menos de algún coronel o general de la Sedena, y mucho menos del General Secretario. Quienes conocieron pormenores de lo actuado, dedujeron la implicación de mandos del Ejército, especialmente cuando todo el gobierno federal se opuso enfáticamente a que ingresaran a las instalaciones de la Zona Militar el grupo de expertos internacionales que querían interrogar a los efectivos presentes esa madrugada de Iguala. De inmediato el encubrimiento. No se fuera a descubrir y confirmar que “mandado no es culpable” y que las órdenes seguían una cadena de mando ascendente, imprescindible en todo movimiento castrense.

Con lo que no contaba todo el aparato encubridor del gobierno mexicano fue que los agentes del espionaje estadounidense, particularmente la DEA que sigue los rastros de las drogas y sus capos, se allegaron la verdad de lo sucedido y lo informaron a sus jefes en la embajada de la CDMX y sus oficinas en Estados Unidos. En el Departamento de Estado y la Casa Blanca se supo todo con certeza, pero no les convenía crear un conflicto binacional con el gobierno de Peña Nieto y guardaron todo en archivo, para cuando fuera oportuno sacarlo.

La oportunidad llegó con la acusación de la Fiscalía de Brooklyn, Nueva York, primero contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y luego contra Genaro García Luna, e hizo que por las delaciones de ambos indiciados, la fiscalía obtuviera los reportes de la DEA para integrar el expediente contra el general Cienfuegos, quien será trasladado desde Los Ángeles a Brooklyn, a ser puesto a disposición del Juez Cogan (el mismo que juzga a García Luna, como antes al Chapo), quien emitió su orden de arresto.

De inmediato en México, el coro de presuntos implicados y beneficiados de la corrupción inició la exculpación del general por ser intocable. La Corte de Brooklyn está demostrando que habrá intocables en México, pero no en Nueva York.