¿Dónde anda el Estado de Derecho?
Foto: Veritas
Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8
El Estado de Derecho en México es más falso que un billete de $3.55… Ha resultado una ficción, simple lema político sin sustento, ni en el Derecho ni en el Estado. Ha sido sólo un recurso de propaganda desde que los sectores más retrógrados de México fueron tomando control y recursos del país para servirse de ellos.
Después de que el general Lázaro Cárdenas del Río empoderó a los obreros, promovió el reparto agrario y pretendió acabar con el analfabetismo, la Iglesia católica, altanera con los residuos cristeros que la insuflaron, fomentó la reacción al cardenismo mediante el Partido de Acción Nacional y su infiltración en las clases pudientes, para revertir las acciones cardenistas en bien del país y los más desfavorecidos. La labor de zapa clerical fue continua desde que impulsaron a otro general -Ávila Camacho, poblano y conservador- a quien apodaron “Presidente Caballero” para contrastarlo con el “vulgar” expropiador del petróleo.
Desde entonces, visto el apoyo popular que tenía su aborrecido Cárdenas, los grupos más retardatarios se enfocaron en hacer leyes a modo, aprovechando que el fundador del PAN (Manuel Gómez Morín) fue rector de la Universidad Nacional de México (todavía no Autónoma) y contaba con montones de abogados de su Escuela de Jurisprudencia, que usaron el Derecho para darle vueltas y acomodar las cosas y el futuro a conveniencia.
Pero fue hasta que Carlos Salinas de Gortari se apoderó de la Presidencia, cuando el Derecho -y el Estado al que servía, por lo menos en teoría- dio la voltereta y de plano se fue escurriendo fuera del panorama nacional. Entonces los doctores en Finanzas y Economía se pusieron a hacer leyes sin Derecho (el arte de lo bueno y lo justo), pero con mucha conveniencia, encargando a los abogados a su servicio darles el maquillaje técnico indispensable y pasarlas a Congresos serviles para formalizarlas y luego promulgarlas. Entonces empezaba el cacareo propagandístico del supuesto “Estado de Derecho” para tratar de convencer a todos los mexicanos de que las leyes emitidas eran para su bien y se gobernaba para ellos, no para las diversas mafias unidas en la depredación del país, como cada vez queda más evidente con los acontecimientos actuales. Tan no convencieron que desde entonces se incubó un malestar general -acallado con el alud de propaganda y bombardeo mediático- que por fin se desfogó en julio de 2018.
El triunfador inédito e indiscutible de esos comicios -luego de ser trampeado dos veces previas- se topó de pronto con una realidad avasalladora y maligna en su maquinación y alcance. El país había sido fraccionado para su remate como chatarra a precios de oferta. Obviamente los vendedores se aseguraron de obtener cuantiosas comisiones y participaciones a futuro. Para ello aceptaron contratos leoninos comprometiendo al país y a los mexicanos, con cláusulas punitivas y de confidencialidad, que encadenaban el futuro nacional. Y proclamaron que todo fue dentro del Estado de Derecho, para lo que se firmaron Pactos con las “fuerzas políticas” y se hicieron enmiendas a la Constitución, incluyendo el saqueo de los bienes de la Nación como norma inamovible si no cuenta con dos tercios aprobatorios de un Congreso pulverizado en partidos de escasa preferencia electoral, pero con gran capacidad en el tejido de alianzas y contubernios.
Andrés Manuel tiene un enorme reto y gran obstáculo para deshacer esa telaraña viciada. Acaban de anunciar iniciativas legislativas suyas para ir cambiando el marco penal que hoy da manga ancha e impunidad a los grandes delincuentes organizados y sus asociados políticos. Sin embargo, mientras permanezca intocado el aparato que le dio origen, protección e impunidad, cualquier iniciativa tendrá pocas vías de éxito y muchas posibilidades de quedar mediatizada o, de plano, nulificada.
Antes que entrarle a cualquier ordenamiento penal, tendría que cambiarse el referente constitucional donde fue insertado y que resulta imposible alterar si antes no se modifica el corrupto esquema legislativo que le da el poder decisorio a la minoría política, menospreciada por los electores mexicanos, que sólo entiende y se mueve mediante la corrupción. En eso poco ayudan “las cortesías políticas” con que los líderes camarales de MORENA pretenden lograr “consensos” con la oposición acostumbrada al “quid pro quo” (dando y dando) que la beneficie en efectivo o especie. Y hay visos de empeoramiento con la proliferación de nuevos partidos que pretende autorizar el INE (“como manda la ley”), buscando pulverizar el caudal electoral morenista y socavar el apoyo mayoritario a López Obrador. En eso basa la oposición congregada, su regreso a la Corrupción tan lucrativa y añorada.
¿Está México condenado a padecer por siempre el perverso fardo que heredó el contubernio opositor? DEFINITIVAMENTE NO. El escape posible puede tener dos vías:
1) El JUICIO INMEDIATO a los ex-presidentes causantes de la ruina del país, hoy tan activos cuando en sus sexenios se dedicaron a pasear y disfrutar la talega, destrozando y endeudando al país, con lo que no sólo se aprovecharía el punto débil de la oposición con sus personajes heráldicos (la cuerda se revienta por lo más delgado), sino se demostraría con hechos contundentes que el combate a la Arbitrariedad e Impunidad va en serio;
2) Una CONSULTA PÚBLICA INDEPENDIENTE, sin intervención del corrupto, parcial e hipócrita INE, para tener UNA NUEVA CONSTITUCIÓN de esencia social originaria con que se formaron las anteriores, ya no de proclividad economicista, que deshaga todos los parches neoliberales que fomentaron la Corrupción y el libre saqueo del país.
La tecnocracia neoliberal impuesta por el PRI, el PAN y las cúpulas delincuenciales, empresariales, políticas y mediáticas, NUNCA CONSULTARON a la gente si aceptaba la IMPOSICIÓN ECONOMICISTA que la endeudó por años. Ahora se le consultará SI QUIERE LIBRARSE DE ELLA. El mal se combate con el bien.