De Salinas a López Obrador, la legitimidad en los presidentes mexicanos
Textos y Contextos
Por: Miguel Alejandro Rivera
@MiguelAleRivera
El sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) realizó, entre tantos estudios, uno de los más interesantes análisis sobre el ejercicio gubernamental y la organización social que hasta ahora se puedan clasificar al examinar la diferencia entre poder y autoridad. Según Weber, el poder se convierte en autoridad cuando pasa por un proceso de legitimación; sin embargo, un problema surge cuando alguien tiene poder y pretende ejercer autoridad sin el consenso debido, lo que podría generar problemáticas en el sistema social las cuales, en la Teoría del Estado, son conocidas como entropías.
La historia de México en los últimos 40 años tiene muchos ejemplos de los cuáles podemos hacer uso para entender mejor el invaluable proceso que en las sociedades democráticas debe perdurar para mantener el orden común y el Estado de derecho: la legitimidad.
En 2006, Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), se hizo con la presidencia de México a través de un fraude electoral apoyado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el propio PAN y sepa Dios cuántos más actores políticos y sociales.
Con apenas .56 por ciento de diferencia, unos 250 mil votos, le quitó la presidencia al entonces candidato de la coalición ‘por el bien de todos’, Andrés Manuel López Obrador. Este episodio no es un secreto para nadie y debiera avergonzarnos que, como en 1988 con ‘la caída del sistema’, aceptamos un fraude electoral y nos subyugamos ante figuras ilegítimas en el poder.
Y es precisamente eso, la dudosa procedencia de su poder, lo que provocó ciertas políticas públicas en México que destrozaron la economía y la seguridad del país, respectivamente, pues en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la legitimidad vino de vender las miles de empresas del Estado a unas cuántas familias de millonarios, así como la privatización de la banca: la entropía se llamó pobreza.
Aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), guardaba enorme autoridad en el México posrevolucionario, en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas cimbró un sistema ya gastado por episodios como las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, así como por la pésima gestión gubernamental durante el sismo de 1985, donde la sociedad se demostró a sí misma que, organizada, era más fuerte que las autoridades. En las crisis de un orden político, cuando la gente se pregunta: “¿por qué ese es el que me gobierna si no estoy de acuerdo con sus acciones?”, viene un proceso de transformación.
Pero con alguien se debe buscar la legitimidad, y dada la confirmación de la pirámide social en países ‘en desarrollo’, como el nuestro, una forma sencilla, como lo hizo Salinas de Gortari, es buscar el cobijo de las clases altas: eran pocos, dominaban la opinión pública, en México había muchos recursos y así era relativamente sencillo mantener el orden social.
Por otro lado, está Felipe Calderón, que, en busca desesperada de su legitimación, trató de copiar, de forma fallida, el modelo colombiano de combate al narcotráfico; peor aún, con la detención de Genaro García Luna en 2019 y las declaraciones de algunos capos detenidos, se sabe que era juez y parte de un problema que nos heredó un sistema violento de pugnas entre autoridades y crimen organizado, un conflicto que ahora, el régimen anterior quiere negar y al gobierno actual se le dificulta contener. La entropía en este caso se llamó: violencia.
En su propio contexto se encuentra Vicente Fox, presidente de 2000 a 2006, cuya legitimidad fue sustentada en un invento mercadológico al ser un político de derecha, quien, en las elecciones de entonces, se presentó como candidato de izquierda. La mentira no tardaría en caer y la sociedad castigó con el voto, pues, en las elecciones intermedias de 2003, el PAN perdió la oportunidad de ser mayoría en la Cámara de Diputados, dejando al PRI como el partido con más legisladores en San Lázaro.
Hace dos años, Andrés Manuel López Obrador obtuvo en las urnas la legitimidad que hoy los grandes medios de comunicación y algunos empresarios le quieren negar al tiempo que extrañan el cuantioso flujo de dinero gubernamental a sus arcas, así como la impunidad en sus faltas a la recaudación fiscal. Las próximas elecciones del seis de junio serán esa especie de referéndum en el que el actual gobierno podrá demostrar si la legitimidad se mantiene más allá de las encuestas que de por sí presentan a Morena como el puntero en la mayoría de los escenarios; los resultados serán clave no sólo para mantener una estabilidad de las políticas públicas desde el legislativo, sino también, para que el actual presidente tenga un cierre de sexenio más controlado.