Consulta popular y la plena ciudadanía

La consulta popular para iniciar investigaciones que lleven, en su caso, a enjuiciar a los ex presidentes está ahora en boca de todos, con diversas opiniones a veces contradictorias, pero lo que es un hecho es que está circulando una gran cantidad de tergiversaciones, manipulaciones y opiniones sesgadas entre los medios.

Quienes se oponen o tratan de desvirtuar dicha consulta, basan en su mayoría sus notas y opiniones en interpretaciones muy libres de la ley en la materia, especulaciones sobre lo que puede o no ser aprobado y citas de personajes claramente contrarios a la cuarta transformación.

Así tenemos, por ejemplo, a Javier Aparicio en Excelsior, quien confunde una consulta que pretende ORDENARLE al ejecutivo que inicie el proceso, con un proceso judicial en sí, procediendo a argumentar la obviedad de que “los delitos y conductas ilegales sean castigados conforme a las leyes vigentes y respetando el debido proceso”. Más adelante pretende desconocer la soberanía de la población calificándola de “método de control” y sometimiento del poder judicial, lo cual es absurdo pues la consulta en ningún momento pretende substituir a ese poder.

Como la anterior, hay muchas expresiones que intentan descartar la posibilidad o utilidad de una consulta como la planteada, esgrimiendo argumentos como “debido proceso”, “prescripción de delitos”, “la ley no se consulta” y muchos otros absurdos comentarios, pretendiendo ignorar que estamos hablando de una instrucción que las autoridades recibirían de su mandante: el pueblo de México.

La realidad es que este procedimiento pretende hacer políticamente partícipe al pueblo de las decisiones más trascendentes en nuestro país, desvirtuando por completo el argumento de “persecución política” al ser una determinación tomada por amplia mayoría de la ciudadanía, sin tocar la autonomía del poder judicial quien, por mandato de una probable mayoría de la población, podría iniciar la investigación correspondiente y determinar si hay delitos que perseguir.

El procedimiento en sí para lograr el objetivo es bastante complicado pues fue diseñado expresamente para intentar inhibir este proceso, dando siempre la apariencia de que existía la opción. La cantidad de firmas requeridas es muy grande, y los tiempos cortos, pero indudablemente se pueden lograr, lo único que no se puede ni debe hacer es dejar de intentarlo, aun cuando algunos opinen que, de no lograrse, sería un fuerte golpe político, lo cual es falso ya que en caso de no colectar el apoyo necesario, todavía está la opción de que el congreso haga su parte y, en último caso, el ejecutivo puede solicitar la consulta.

Tampoco es razonable pensar que el primer mandatario estuviese dispuesto a someter el tema a una consulta sin haber antes considerado todas las opciones y alternativas posibles para llevar un proceso a los expresidentes con cierta probabilidad de éxito pues sería un suicidio político, por lo cual es ilógico ponerse a especular sobre el posible desenlace de la planteada investigación judicial.

Es tiempo de dejar el infantilismo político donde una figura paterna nos indicaba que, como, cuando y donde podíamos ejercer nuestros derechos y asumirnos como una ciudadanía adulta y responsable, tomando las riendas del destino de nuestro país en nuestra manos, tanto si estás a favor, cuanto si estás en contra de iniciar una investigación a los expresidentes para determinar la posible comisión de delitos, tenemos el derecho y la obligación de ser consultados y acudir a emitir nuestra opinión al respecto, pasando así de una democracia fingida a una plena y participativa.

“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”
Platón