Consulta contra expresidentes ya se realizó: 2.7 millones de firmas lo comprueban

Se hizo público el proyecto de resolución que propone el Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la solicitud de legalidad de la consulta sobre el clamor popular de iniciar procesos a los ex presidentes, en donde expresa que él considera que dicha consulta es “inconstitucional” pues se “vulneran los derechos humanos” de los implicados, así como “la presunción de inocencia” y “el debido proceso”.

Sin entrar en los vericuetos legales y legaloides que este proyecto implica, podemos decir que claramente se está confundiendo una consulta para ORDENAR, como mandantes, al ejecutivo de la nación que inicie las investigaciones pertinentes para determinar si existen delitos que perseguir por parte de los ex presidentes, con el proceso de juicio en sí. De tratarse de una persona común, sin grandes conocimientos de leyes, se podría justificar como error de interpretación, pero tratándose de un connotado jurista y ministro de la SCJN, encargada de interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cabe ningún tipo de excusa y solamente puede entenderse como obra de mala fe y con malicia.

Y esta malsana actitud se puede explicar si recordamos que el ministro Aguilar obtuvo esa posición gracias a la venia de Felipe Calderón durante el mandato de éste último, así como su férrea defensa clasista y falaz de sus ingresos cuando se planteó la reducción de salarios en concordancia con la política de austeridad. Por esto y varias razones más, es clara su inclinación contraria a la cuarta transformación, lo que probablemente lo lleva a tomar medidas para acotarla.

Pero falta esperar al próximo primero de octubre, día en que será votado el proyecto presentado por el ministro Aguilar, para determinar la legalidad de la consulta, pero más importante aún, para conocer la postura del resto de los ministros, si es a favor o en contra de la voluntad popular.

Sin embargo, algo que ni la SCJN, ni la autoproclamada oposición ha comprendido todavía, es que la consulta ¡YA SE REALIZÓ! Pues, ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer la voluntad de la ciudadanía en este tema, acudimos más de 2 millones de personas en tiempo récord a firmar el documento donde se solicita que se lleve a cabo la consulta mencionada. Al rebasar con mucho el requisito impuesto tramposamente de comprobar con al menos el 2% del padrón electoral que es la soberanía quien desea ser consultada, le dieron voz al pueblo que en términos legales ya se expresó a favor de que la multimencionada consulta se lleve a cabo, por lo que la aprobación de la SCJN no pasa de ser un requisito para hacerla vinculante, pero que simplemente se puede dar por hecho que iniciar las investigaciones ya ha sido mandatado y proceder en consecuencia, con todo el apoyo político del pueblo.

Partiendo de esta base, podemos decir que el método creado mañosamente por legislaturas anteriores para hacer prácticamente irrealizable la consulta popular y así protegerse dando apariencia de democracia es, en sí misma, una trampa que desenmascara a quién verdaderamente sirven aquellos que dicen defender los derechos de los ciudadanos. Toca a los ministros decidir si están a favor o en contra del pueblo
“Cuando la LEY no va acompañada de la JUSTICIA, se convierte en AUTORITARISMO”