Confirma Cámara de Diputados que presentará denuncias penales contra consejeros del INE
Erick Gutierrez,
21 diciembre, 2021
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La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados confirmó que, al haber suspendido la consulta para la revocación de mandato, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pudieron haber cometido el delito de coalición de servidores públicos, que se sanciona con prisión de dos a siete años, por lo cual el legislativo presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), esta misma semana.
El residente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, agregó que, en caso de que dicha denuncia prospere, se prevé el inicio de un juicio de procedencia para retirarles el fuero, además de que aún sigue su curso la solicitud de juicio político interpuesta por el PT por la decisión del Consejo General del INE, que retiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, fallo que fue ratificado en abril.
Gutiérrez Luna explicó que la Cámara tiene derecho a la denuncia debido a que “es parte en el proceso, porque el INE nos demandó” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no haber aprobado el presupuesto que solicitó para 2022.
Al informar que los recursos mencionados serán presentados esta misma semana, el presidente de la Cámara detalló que el INE “pidió la suspensión de la consulta y la Corte se la negó. Sin embargo, de manera unilateral la pospuso, por lo que vamos a denunciar este incumplimiento ante la Corte y a presentar denuncias penales y administrativas por la “probable comisión de un ilícito”, ya que, como lo establece el artículo 216 del Código Penal Federal, “cometen el delito de coalición de servidores públicos quienes teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.
Pero además se les acusará por violación de una suspensión, a partir de lo que dispone la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Carta Magna, que regula las acciones y controversias constitucionales.
