La 4T va en serio; se les acabó a los corruptos (sean hijos de quien sea)

En Mayo de 2019 el Presidente López Obrador aceptó la renuncia de Josefa González Blanco a la Secretaría del Medio Ambiente, después de que esta funcionaria hubiese utilizado su investidura, para detener la salida de un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, para que la esperara porque venía retrasada.

Ese hecho fue el primero en el que el Presidente aplicó lo que predica, no se va a tolerar el influyentismo o la corrupción en el proceso de transformación del país, sin importar de quien se trate. Él ha dejado muy claro que solamente responde por su hijo pequeño, en virtud de que se trata de un menor de edad, aclarando que en ningún otro caso tiene porqué “sudar calenturas ajenas”.

Después de más de un año, este asunto había sido prácticamente olvidado por la opinión pública, que ha estado bajo el fuego de miles de noticias falsas o tergiversadas, con las pandillas de oposición tratando de convencernos de que este gobierno actúa de forma igual a los anteriores, aunque lo contrario sea evidente.

En estos días Sin Línea Mx publicó la información presentada por la Secretaría de la Función Pública, dando a conocer el resultado de la investigación realizada sobre la compra de 20 ventiladores hospitalarios, que el IMSS del Estado de Hidalgo había hecho a la empresa del hijo de Manuel Bartlet, director de la Comisión Federal de Electricidad.

Los resultados de la investigación revelaron, que la compra que se hizo no se ajustó a las normas y a las mejores prácticas que deben observarse en estos casos. Se devolvieron los ventiladores, lo cual evitó que el gobierno sufriera algún quebranto patrimonial, se castigó a la empresa del hijo del funcionario inhabilitándola para venderle al gobierno y se le multó con 2 millones de pesos. Adicionalmente, se sujetó a los funcionarios del IMSS involucrados en esta operación, a una investigación que puede costarles el empleo, en el mejor de los casos.

Si esto no se reconoce como actuar en forma distinta a la que se actuaba en los gobiernos pasados, podemos inferir que la oposición, cegada por el odio derivado de su pérdida de privilegios, no puede reconocer nada, y podríamos asegurar que van a continuar desquiciados durante algún tiempo.

Estamos esperando que algún columnista del Reforma, Milenio, Excelsior, el Universal o Proceso, o bien, algún presentador de noticias de Imagen, Televisa o TV Azteca, nos revele un caso similar, que haya sucedido en los gobiernos pasados, y que no se haya tratado de una venganza o de una medida de coerción hacia algún enemigo político del presidente en turno, pero creo que nos vamos a quedar con las ganas, porque no existe ninguno.

Les guste o no la transformación del país va en serio. La completa intolerancia hacia la corrupción es un hecho que se está demostrando sin lugar a dudas. Este tipo de acciones fortalecen al gobierno y a sus instituciones, porque sirven para limpiarlas de prácticas que los mexicanos ya no queremos seguir soportando, y que fueron básicamente contra lo que votamos hace dos años.

No importa de quien se trate, qué puesto tenga, a quién conozca o de quién sea pariente, un acto de corrupción debe castigarse por principio, no se puede dejar a criterio de funcionarios. La transformación del país requiere que se actúe de esta manera, para que las instituciones se conviertan en herramientas útiles para construir el desarrollo y el bienestar para todos los mexicanos.

O todos coludos o todos rabones