Por. Diego Iván López Miguel
Twitter: @DiegoI_Lopez
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República afirmó que su gobierno representaba un cambio social y político a la altura de tres grandes coyunturas históricas: La Independencia, la Reforma y la Revolución. Su movimiento autollamado Cuarta Transformación (4T), se desliga del binomio partidista PRI-PAN que estuvo al frente del país durante casi un siglo. La actual polarización política que existe en México y los cambios propuestos por el lopezobradorismo ponen de manifiesto la confrontación entre los dos proyectos de nación totalmente opuestos e incluso con diferencias irreconciliables.
En los últimos días el debate y la querella han subido de nivel por el proceso electoral. A esto se le suman algunas decisiones tomadas en la 4T y por la confrontación abierta proveniente de Palacio Nacional, desde el tema de los amparos en contra de la Ley Eléctrica hasta la cancelación de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). El capital político de AMLO y el apoyo hacia su movimiento de un sector de la sociedad ha fortalecido al presidencialismo mexicano dejando reducida a una impresentable oposición mediática, partidista y empresarial.
La semana pasada se dio un hecho inédito en el México contemporáneo. El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cué, incluyó de último momento un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, se mantenga dos años más en su cargo -hasta 2024- asimismo los consejeros de la Judicatura Federal. Esto sorprendió incluso a sectores dentro del morenismo. López Obrador en su conferencia matutina del lunes se refirió al tema y dijo: “quien llegue va a ser más de lo mismo, “entonces no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”, sentenció.
Hasta el momento de concluir esta columna Arturo Zaldívar no se ha pronunciado sobre la intención de la 4T para ampliar su periodo como presidente en la SCJN, se espera que con la mayoría morenista en la Cámara de Diputados pueda aprobarse la controvertida Ley. López Obrador está convencido que para continuar con su proyecto de transformación es necesario hacer ajustes en el Poder Judicial. ¿Aplicará la premisa de Maquiavelo: “El fin justifica los medios”?.
Sectores de oposición han señalado que se trata de un ensayo de AMLO para ampliar su periodo después del 2024, algo que el mismo presidente negó en su conferencia matutina. Ante la lluvia de amparos con las diferentes modificaciones constitucionales, López Obrador pretende una especie de blindaje que permita consolidar la construcción de su proyecto político. El mandatario entiende que estamos en un punto de definición política que tendrá una de sus grandes confrontaciones el próximo 6 de junio. “Era inevitable el choque”, tal como lo escribí en mi columna en este medio hace un par de semanas.
La 4T enfrenta diversas resistencias que impiden la consolidación de su proyecto nacional. De a poco ha ido ganando algunas batallas, aprovechando la mayoría en el Congreso y el respaldo social con el que cuenta el mandatario. De aquí en adelante pueden surgir distintas situaciones que entren en conflicto incluso con el marco legal y constitucional. Se sabía desde un inicio la apuesta de López Obrador por realizar cambios profundos en el ámbito político, por ejemplo: hoy se aprobó en la Cámara Baja en lo general y particular, la eliminación del artículo Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos para que Pemex vuelva a dominar en la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; será enviada al Senado para su revisión.
En su discurso del primero de diciembre del 2019, el Presidente dijo que los cambios más importantes vendrían en la segunda parte de su mandato. Las diferentes reformas que pretende la 4T de corte nacionalista representan las bases para un nuevo régimen político. La Ley de Hidrocarburos podría verse como una contrarreforma energética, la cuál se selló en el Pacto por México integrado por el PRI-PAN-PRD que hoy vuelven a formar un bloque en contra de Morena y sus aliados.
El 2018 no solo significó un cambio de gobierno, en Palacio Nacional se están tomando decisiones que pueden ser polémicas para algunos sectores y en donde se pueden debatir las formas, pero en el fondo no se puede negar que se trata de un cambio de régimen. Se tendrá que ver hasta donde le alcanzará a López Obrador realizar los cambios más profundos que requiere el país, el andamiaje jurídico puede jugar en contra pero tendría a su favor una muy posible victoria en las urnas.
