En Bolivia han detenido a la protagonista principal del golpe de estado perpetrado contra el gobierno de Evo Morales, después de que este ganara nuevamente las elecciones generales para continuar gobernando por otro período presidencial.
Jeanine Añez y varios de sus exministros golpistas, que entre otros delitos desencadenaron la masacre de personas, fueron capturados y encarcelados para enfrentar un juicio por terrorismo, sedición y conspiración a menos de 3 meses de que el nuevo gobierno electo, encabezado por el economista Luis Arce, tomara posesión.
En este acto fulminante de la justicia boliviana, se plasma un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos, tan importante como el que nos dio esta misma nación, llevando a cabo un segundo proceso electoral contundente para sacar del poder a los golpistas sin violencia, pero con toda la fuerza que implica el voto de una mayoría aplastante que no admite discusión.
Hoy los bolivianos lo vuelven a hacer aplicando la justicia en forma expedita, sin miramientos ni cálculos políticos que ponderen los costos potenciales que pueda conllevar su aplicación.
La oposición minoritaria y democráticamente derrotada de aquel país, ya se rasga las vestiduras argumentando ser víctimas de venganza, de avasallamiento, de injusticia, lo cual es parte de los costos políticos que deberá pagar el gobierno de ese país por aplicar la ley sin miramientos ni retrasos.
Esta rendición obligatoria de cuentas a la que el pueblo boliviano está sometiendo a quienes usurparon el poder y que le llama por su nombre a los actos aberrantes en los que incurrieron, sienta un precedente fundamental en aquel país, evitando así que en el futuro estas conductas puedan repetirse.
Aunque en México estamos viendo avances muy relevantes en este sentido, con investigaciones de fondo bien fundamentadas que mantienen a un buen número de exfuncionarios y saqueadores sujetos a proceso, unos en la cárcel y otros prófugos, todavía estamos esperando que la justicia llegue en los juicios que tenemos pendientes contra los principales perpetradores de saqueo, masacres, asociaciones delictuosas con traficantes de influencias, con cárteles de la droga y con la misma delincuencia organizada alrededor de los expresidentes deleznables que hemos tenido durante los últimos 40 años.
Si bien el proceso se iniciará con la realización de una consulta popular para que entre todos decidamos juzgar a esta punta de saqueadores, asesinos y ladrones, decisión que tendrá un costo que pagar, representado por la victimización de los juzgados y de todos sus cómplices, no deja de darnos algo de envidia que la espada de la justicia en Bolivia se haya aplicado con la rapidez, precisión y firmeza que nos hubiera gustado a todos los mexicanos ver en nuestra tierra.
Sin embargo, sabemos bien que este mismo año llevaremos a cabo en nuestro país los dos procesos electorales más relevantes de nuestra historia, uno el 6 de junio para elegir más de 23 mil cargos de funcionarios y otro el 1º de agosto, para decidir juzgar a los 6 sujetos que fueron responsables de destruir este país y de hundir a millones de personas en la injusticia, la miseria y la desesperación.
Si el precio a pagar es que la oposición derrotada se victimice, la relación costo-beneficio de esta decisión será una de las mejores de la historia para los mexicanos, porque terminará con la impunidad de la que han gozado este puñado de delincuentes y su grupo de favoritos.
Como dijo el poeta y dramaturgo griego Sófocles: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.
