A 46 años de la dictadura en Argentina: la desaparición de personas, urgente erradicarla en México
Textos y Contextos
Por: Miguel Alejandro Rivera
@MiguelAleRivera
El pasado jueves, decenas de miles argentinos marcharon en Buenos Aires a propósito de los 46 años que han pasado desde el golpe cívico-militar, precedente de una dictadura que dejó unos 30 mil desaparecidos en el país sudamericano. Fue en la Plaza de Mayo, donde durante décadas se han reunido madres y abuelas buscadoras, lugar en el que confluyó el contingente que pidió justicia y memoria por los hechos que iniciaron el 24 de marzo de 1976.
Junto con la dictadura en Argentina, los procesos en Uruguay, Chile y otros países de América Latina, fueron paradigmáticos en cuanto a los mecanismos de control y crímenes de Estado que Occidente echó a andar durante la Guerra Fría, cuando batallaba contra las ideas comunistas en diversos territorios del mundo.
Pese a que países de África o Medio Oriente padecieron los embates de las potencias capitalistas, ninguna lo sufrió más que las del continente americano, pues Estados Unidos, bajo los principios de la Doctrina Monroe, “América para los americanos” (1823), no dejaría que el Comunismo se filtrara en el que siempre ha considerado su “patio trasero”.
Y México no fue la excepción. En nuestro país vivimos una especie de dictadura disfrazada de democracia, lo que queda de manifiesto en las elecciones de 1976, cuando José López Portillo fue candidato único a la presidencia ante la negativa de otras fuerzas políticas de presentar candidato para no legitimar un robo más del Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo, desde muchos años antes, la violencia de Estado ya se sentía, y precisamente, a través de la desaparición forzada. Fue en 1964 cuando desapareció Rosendo Radilla, líder campesino que, según la versión de su hijo, en ese entonces de 11 años, fue bajado por militares del camión en el que viajaban: nunca se supo más de él.
Así se siguió con esta práctica sistemática de luchar contra los opositores junto con las matanzas del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, perpetradas contra estudiantes que buscaban posicionar discursos revolucionarios en la agenda pública; asimismo, en 1974, desaparece Jesús Piedra Ibarra, acusado de tener vínculos con la Liga Comunista 23 de Septiembre. A este periodo sangriento en México, se le denominó la “guerra sucia”.
Fue a través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que personajes como su director Miguel Nazar Haro, torturaban, asesinaban y desaparecían a todo aquel que pareciera una amenaza para el sistema político de la época; así como en Uruguay, así como en Chile y Argentina, en México también los jóvenes, los obreros sindicalistas, varios políticos y estudiantes, fueron víctimas de la desaparición forzada.
Y aunque en 1977 se funda el Comité ¡Eureka!, entonces con el nombre de Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México por Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, la desaparición forzada de personas no ha sido una problemática lo suficientemente combatida y visibilizada durante décadas, más aún cuando en sexenios como el de Felipe Calderón, la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, generó tal caos que también actores particulares comenzaron a practicar este delito; asimismo, en tiempos de Enrique Peña Nieto, se vivieron casos como el de 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, lo que hizo, hasta entonces, reflexionar a la sociedad sobre este enorme problema.
Según el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) hasta el 26 de noviembre de 2021, en México se registraron 95 mil personas desaparecidas y 52 mil fallecidas sin identificar, por lo que la propia organización internacional urgió al gobierno de nuestro país a poner mayor atención para erradicar este delito. En respuesta, el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, aseguró que el número de desaparecidos es mucho mayor a los 95 mil que asegura la ONU, pero que es difícil tener una cifra exacta debido a la falta de coordinación entre las fiscalías de los estados, las autoridades y las familias de las víctimas, “y que muchas de estas fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda de las personas”.
Efectivamente, al charlar con madres de las víctimas, para ellas, como en los 70s en Argentina, ha sido un calvario enfrentarse a las autoridades, que en muchas ocasiones, denuncian organizaciones civiles de México, se encuentran coludidas con el crimen organizado.
Si bien en Argentina, que este 24 de marzo recuerda el terrible inicio de la dictadura, la cicatriz que dejó la desaparición forzada sigue doliendo, en México es peor porque la herida sigue abierta y parece que no hay forma de ver el momento en el que, por fin, pueda cerrar.