En 1857 da inicio la Segunda Transformación del país.
Ignacio Comonfort, presidente constitucional de México, promulga la nueva Constitución de corte liberal, que aprueba el Congreso de la Unión. La nueva Ley Nacional es contraria a los intereses de la clase conservadora, conformada por latifundistas, militares y alto clero.
Comonfort, débil de carácter, es presionado por su señora madre, quien a su vez es influenciada por el padre Miranda, confesor de la señora. Doña Guadalupe de los Ríos le habla del crimen que comete la nueva Constitución, en contra de la verdadera iglesia. Le pinta entre lágrimas y súplicas los tormentos que le esperan en la otra vida y suplica al hijo que adjure y deje sin efecto ese documento inspirado por el demonio.
Comonfort, que adora a su madre, obedece y aplica a su gobierno un autogolpe de Estado, proclamando el Plan de Tacubaya, en unión del conservador Félix Zuluaga. Desconoce la Constitución recién promulgada e intenta gobernar mediante acuerdos de último momento entre liberales y conservadores.
Apresa a varios dirigentes liberales. Entre ellos a Juárez, que es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco a poco ve como se desmorona su gobierno y se acerca al mismo Juárez, ya liberado, pidiéndole apoyo.
Pero Juárez ya había sido nombrado Presidente Interino por el Congreso. El cargo le correspondía por ser el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Félix Zuluaga se proclamará presidente (algo así como el Juan Guaidó de aquellos tiempos), para defender los intereses conservadores.
Ahí dará inicio la Guerra de Tres Años, o de Reforma.
¿Qué hubiera pasado si Benito Juárez se hubiera declarado en ese momento histórico “institucional” y “observador de las reglas legales emanadas de la vida democrática”?
Es muy probable que no se hubiera dado un cambio liberal en el país. El clero, los militares y los grandes hacendados, hubieran mantenido su poder intacto durante todo el siglo XIX. Incluso, sin necesidad del porfiriato, habrían logrado consolidar su poder político-económico hasta la llegada del proceso revolucionario. Tal vez el Segundo Imperio, con Maximiliano en el trono, sería parte de nuestra historia nacional.
Como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benito Juárez aceptó el reto histórico y por mandato constitucional, ante el Golpe de Estado impulsado por el presidente Comonfort, asumió la presidencia del país y defendió la interpretación más cabal de la nueva Constitución.
Es en esos momentos de cambio, donde se deja huella de la capacidad, preparación y compromiso social de cada protagonista y del papel histórico que elije representar en ese momento de quiebre.
El presidente López Obrador es el impulsor del proyecto de Cuarta Transformación que vive el país.
Sin ese liderazgo, difícilmente se hubiera dado un movimiento de cambio por la vía pacífica.
El desastre nacional provocado por 36 años de neoliberalismo, mantenía a los mexicanos como rehenes de la delincuencia organizada. Hoy sabemos que nuestra seguridad estaba en manos de criminales, desde el sexenio de Felipe Calderón.
El salario de los trabajadores se deterioró a un extremo tal, que buena parte de la clase media pasó a engrosar las nutridas filas de la pobreza.
La corrupción gobernaba al país y los traficantes de influencias, dictaban la agenda nacional a los políticos emanados del PRI, PAN y PRD.
La deuda pública se incrementó a niveles casi impagables.
Los recursos nacionales se remataban al mejor postor y perdimos soberanía en áreas claves, como la energética.
La Cuarta Transformación se convirtió en necesidad histórica y el pueblo de México se volcó a las urnas para hacerla realidad en el 2018.
Diariamente se combate en distintos frentes, intentando dar impulso permanente al cambio. O también para intentar bloquearlo del modo que sea, si se forma parte del núcleo conservador.
Muchas propuestas e iniciativas presentadas por el gobierno del cambio, terminan en manos de la Suprema Corte.
Una Corte que en opinión del presidente López Obrador, no debería llamarse de Justicia, sino de “Legalidad”.
Muchas veces, las diferencias políticas, administrativas, judiciales y jurídicas, concluyen su lago proceso, en la Suprema Corte, una vez agotadas las instancias anteriores, sin alcanzar una sentencia definitiva.
Y es ahí, en la Suprema Corte, donde el ciudadano común se da cuenta de que el criterio del presidente López Obrador, es atinado.
Nadie niega que las interpretaciones que hacen los ministros del Poder Judicial, se apegan invariablemente a la Legalidad. Sus juicios están respaldados por lo que las leyes señalan.
Pero es en la interpretación de esas leyes, donde radica el problema.
Hay quien piensa equivocadamente, que las Leyes deben ser aplicadas y no interpretadas. Es al revés.
En cada asunto, la ley es interpretada por el juzgador y en base a su criterio, emite el fallo que considera adecuado.
El trabajo del juzgador es en buena medida de interpretación de la Leyes y dentro del Derecho, existe la máxima de que esa interpretación debe ser la más apegada a la Justicia y al bien común.
Toda sentencia es legal. Pero no toda sentencia es justa.
Cuando los ministros de la Suprema Corte conceden amparos a quienes defienden intereses corruptos, están faltando a la Justicia. Su resolución es legal, pero su interpretación a la Ley es muchas veces, perversa. Ese fallo no es de ningún modo un acto de Justicia. Interpretan la Ley en la forma más opaca posible.
Cuando permiten que funcionarios públicos (incluidos ministros y magistrados), ganen más que el presidente del país, amparados en una interpretación muy discutible de la Ley, no están realizando un acto de Justicia.
Cuando autorizan al Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo de la Suprema Corte, a realizar la Consulta de Revocación de Mandato, violando la letra de la Ley que regula este ejercicio y que entró en vigor a partir del 21 de septiembre del 2021, están interpretando el marco legal, en la forma menos clara posible.
Resulta que para los ministros de la Suprema Corte, es válido organizar esta consulta, sin instalar la totalidad de las casillas que marca la Ley.
También es válido blindar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de toda acción penal y administrativa, por las omisiones que el decreto de esa Corte autoriza dejar al margen.
Esa interpretación que nos regalan los ministros, ya es legal y podemos ver como consejeros electorales como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, se burlan abiertamente de la sociedad, en sus cuentas en redes sociales, por un fallo que les permite mantener sus privilegios de grupo, en lugar de administrar correctamente los recursos públicos que les fueron asignados originalmente.
El ministro presidente de la Suprema Corte podrá decir lo que guste en redes sociales y en sus comentarios públicos. Podrá molestarse por la presión fuerte que llega al Poder Judicial, por parte de los ciudadanos, que en ocasiones, no tienen pelos en la lengua para señalarlos como parte del problema que vive el país.
Esta Suprema Corte tiene varios elementos llegados de las filas conservadoras. Y ni que decir de buena parte de magistrados y jueces, que conforman el Poder Judicial. Ahí hay un nido de corrupción que hasta la fecha, se antoja inamovible.
En un momento crucial para la historia del país, el, Poder Judicial queda a deber mucho a la sociedad.
La gente no espera de ellos Justicia. Sabe que sí aplicarán la Ley. Pero interpretándola en favor de quien mejor convenga a sus intereses.
La Suprema Corte se ha convertido en un dique para el avance democrático en el país. En su aparente afán de imparcialidad, se convierten en el respaldo que necesitan los corruptos del pasado, para librarse del brazo de la Justicia.
En realidad, trabajan muchas veces en favor de la reacción, que en nada ha contribuido para la aplicación de una verdadera la Justicia.
Sus discutidos méritos se dan en el orden de lo legal, pero son tan discutibles, como la defensa que hacen los abogados reaccionarios, de las causas de quienes forman parte del grupo de traficantes de influencias.
Este Poder Judicial y sobre todo, la Suprema Corte de Justicia, será recordada como un Poder de la Unión que no estuvo a la altura del papel histórico que le tocó en suerte.
Nada que ver con el espíritu juarista de otros tiempos, ni con la calidad de los ministros en tiempos de la Reforma.
O eran y son parte de la corrupción que heredó el neoliberalismo, o son un grupo de timoratos que se negaron a asumir la responsabilidad que les demandaba el momento histórico.
En cualquiera de los casos, personajes dignos del olvido.
Malthus Gamba
